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Hay una frase que se repite en la Argentina de los últimos años como un mal presagio: «tiempos de ajuste». Un nuevo informe de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) y el Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) la vuelve a poner sobre la mesa, y esta vez con un dato que incomoda: los suicidios de personas de 60 años y más crecieron un 9,0% en 2024, alcanzando los 703 casos, el segundo valor más alto de toda la serie 2017-2024. El primero, para que la coincidencia no pase inadvertida, fue en 2018.
Dos gobiernos, un mismo patrón
El informe, publicado en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, no necesita subrayar demasiado lo que los propios números insinúan: los dos picos de la serie -743 casos en 2018 y 703 en 2024- coinciden con los dos gobiernos que, con recetas distintas pero un diagnóstico compartido sobre el «gasto público», eligieron el ajuste fiscal como método. Uno fue Mauricio Macri. El otro, Javier Milei.
Los propios autores, Mónica Roqué y Federico De Marziani, son cuidadosos: «los datos disponibles no permiten afirmar que una determinada política económica sea, por sí sola, causa directa de los suicidios». Es una aclaración necesaria y honesta. Pero inmediatamente después llega la contracara de esa prudencia: «tampoco resulta adecuado analizar estas muertes por fuera del contexto social en el que ocurren». Traducido: no hay una fórmula matemática que diga «ajuste = suicidio», pero tampoco hay forma de mirar para otro lado.
Los números que no salen en la conferencia de prensa
Mientras el discurso oficial celebra el equilibrio fiscal y la baja de la inflación como logros incuestionables, el informe pone sobre la mesa otro tipo de números, menos vistosos para un powerpoint: el 44,6% de las personas en edad jubilatoria mantiene deudas activas, y 457.596 personas registraron atrasos de más de 90 días en sus pagos, un 7,3% más que el año anterior. Son jubilados que llegan a fin de mes pidiendo prestado, o directamente no llegan.
A esa fotografía se suma otro dato que interpela: el 84% de quienes se suicidan en este grupo etario son varones. El informe lo asocia a los mandatos tradicionales de masculinidad -ser el sostén, no pedir ayuda, no mostrar debilidad- que se vuelven una trampa cuando la jubilación licúa esa función social casi de un día para el otro. No es un dato menor en un país donde, además, se debate permanentemente si el haber mínimo alcanza o no alcanza, como si fuera una discusión meramente contable y no una que decide, en los casos más extremos, entre sostener una vida con dignidad o no.
La transición jubilatoria como punto de quiebre
El tramo etario más golpeado -60 a 74 años, con el 63% de los casos- corresponde exactamente al momento en que una persona deja el mercado laboral y pasa a depender, de manera casi exclusiva, de lo que el Estado decida sobre su jubilación, su cobertura de medicamentos y sus tarifas. El informe lo dice sin vueltas: la transición jubilatoria «lejos de ser neutral, depende de decisiones políticas». No es la vejez la que empuja al abismo; es la vejez sin red.
La curva que nadie quiere mirar de cerca
Si se desglosa el dato por edad, la distribución tampoco deja demasiado lugar para el optimismo: 24% de los casos se concentra entre los 60 y los 64 años, justo el momento en que muchas personas recién están dejando el mercado laboral; 21% entre los 65 y los 69; y 18% entre los 70 y los 74. Es decir, casi dos de cada tres casos ocurren en la primera década y media de la vejez, cuando en teoría el Estado debería estar acompañando una transición y no abandonando a su suerte a quien la atraviesa. Los tramos de mayor edad -75 a 79, 80 a 84, 85 a 89 y 90 años o más- muestran proporciones decrecientes, lo que refuerza la lectura de que el quiebre más brusco se da en los primeros años posteriores a la jubilación, y no de manera pareja a lo largo de toda la vejez.
Ese detalle importa porque desarma un prejuicio bastante instalado: la idea de que el suicidio en la vejez es, sobre todo, un problema asociado al deterioro físico o cognitivo de la última etapa de la vida. Los datos de ALGEC y CEPPEMA muestran, en cambio, que el momento de mayor riesgo aparece bastante antes, en plena transición hacia el retiro, cuando la pérdida de ingresos y de rol social todavía está fresca y sin red de contención.
Quiénes están detrás del informe
Conviene saber quién firma este tipo de diagnósticos, porque no son «un informe más» sacado de la galera. ALGEC, la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria, es una organización civil sin fines de lucro integrada por personas mayores y profesionales de distintas disciplinas, con peso propio en la región: su presidenta honoraria, Mónica Roqué, es también secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI, y preside un programa de cooperación iberoamericana sobre personas adultas mayores que integran ocho países junto a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. No es, precisamente, una ONG improvisada: es la organización delegada en la Argentina de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores.
El otro nombre detrás del informe es Federico De Marziani, director del Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA), un espacio que desde hace años viene marcando con lupa el bolsillo de los jubilados, gobierno tras gobierno. En diciembre pasado, De Marziani ya había definido sin eufemismos la situación bajo la actual gestión: «el gobierno lleva adelante un ajuste feroz contra los jubilados», y había comparado las restricciones actuales para acceder a subsidios y coberturas con las que impuso Macri en 2017, con «condiciones absurdas» que, según su lectura, buscan «estigmatizar» a la vejez. CEPPEMA suele trabajar en conjunto con ALGEC y con el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), y entre sus antecedentes hay informes sobre el encarecimiento de los medicamentos más consumidos por personas mayores y comparaciones históricas sobre la pérdida de poder adquisitivo de la jubilación mínima.
Dicho de otro modo: no es la primera vez que estas organizaciones ponen el dedo en la llaga de la política previsional argentina, ni la primera vez que lo hacen con series estadísticas de varios gobiernos que incomodan por igual a «grieta» y «anti-grieta». La diferencia, esta vez, es que el indicador elegido ya no es el poder de compra de una jubilación: es la vida misma.
Lo que el mundo discute y acá recién empieza
El Día Mundial para la Prevención del Suicidio, impulsado por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, viene insistiendo hace años en que la salud mental de las personas mayores está subdiagnosticada y subregistrada en buena parte del mundo, no solo en la Argentina. La diferencia es que, en contextos con sistemas de protección social más robustos, esa discusión suele venir acompañada de políticas concretas de ingreso mínimo, acceso a medicamentos y contención comunitaria. Acá, por ahora, la discusión pública sigue estancada en la pregunta de si el aumento jubilatorio de turno «alcanza» o «no alcanza», como si la salud mental de millones de personas mayores fuera un capítulo aparte y no la consecuencia directa de esa misma discusión.
Una pregunta incómoda para el final
El informe cierra, con una elegancia que no disimula el filo, con una pregunta dirigida al Estado: qué lugar ocupan las personas mayores en sus prioridades, y quién paga el costo social cuando el ajuste recae sobre quienes tienen menos margen para recomponer sus ingresos. No hace falta ser demasiado suspicaz para notar que la pregunta no tiene, hasta ahora, una respuesta oficial.
Lo que sí queda claro, entre tablas, gráficos y porcentajes, es que hablar de «ajuste» en la Argentina nunca es un ejercicio abstracto de macroeconomía. Tiene nombre, apellido y, en el peor de los casos, una fecha de defunción que termina en una estadística que se actualiza año tras año, casi siempre para peor.
Un debate que la política prefiere no dar
Resulta llamativo que, en medio de un año electoral cargado de spots, promesas de campaña y anuncios de reformas estructurales, un informe con semejante nivel de detalle sobre el impacto social del ajuste en la población mayor no haya generado una sola respuesta oficial ni un solo compromiso concreto de parte de los principales espacios políticos. La agenda de la «batalla cultural» parece tener poco espacio para las jubiladas y los jubilados que, según este mismo informe, sostienen su vida cotidiana entre deudas, atrasos y una angustia que, para 703 personas mayores solamente en 2024, terminó de la peor manera posible.
Si algo deja en evidencia «Envejecer en tiempos de ajuste» es que el bienestar de las personas mayores no puede quedar librado a la suerte de la coyuntura macroeconómica de turno. Mientras tanto, la próxima vez que alguien hable de «ajuste» como si fuera solo una palabra técnica, vale la pena recordar que detrás de ese término hay, también, una curva que sube.
Dónde pedir ayuda
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de angustia, en Argentina se puede llamar a la Línea 135 (gratuita, las 24 horas, desde CABA y GBA) o al 0800-345-1435, línea nacional de asistencia al suicida, disponible en todo el país.
