Una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró ante la Justicia que no participó directamente en la venta del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, una de las operaciones bajo investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Se trata de Claudia Sbabo, quien declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita. Según su testimonio, la operación inmobiliaria fue llevada adelante por su hijastro, Leandro Miano, junto a Pablo Martín Feijoo.
Sbabo sostuvo que desconoce los detalles de la transacción y que el dinero utilizado para adquirir el 50% del inmueble en mayo de 2025 era de su propiedad. Además, indicó que percibe una jubilación mensual de $350.000.
La operación bajo la lupa
La propiedad en cuestión —ubicada sobre la calle Miró al 500— pertenecía en partes iguales a Sbabo y a Beatriz Viegas, quien también fue citada a declarar y prestaba testimonio ante la fiscalía durante la jornada.
Ambas vendieron el departamento en noviembre de 2025 a Adorni, quien abonó un adelanto de 30.000 dólares y se comprometió a pagar otros 200.000 dólares —el 87% del valor total— en el plazo de un año y sin intereses, una condición que llamó la atención de los investigadores.
De acuerdo con lo declarado, la oportunidad de la operación habría surgido a través de Pablo Feijoo, señalado como allegado al funcionario.
Vínculos y próximos testimonios
Feijoo, quien será citado a declarar el próximo 22 de abril, habría intervenido en distintas instancias de la operación, incluyendo el pago de la seña y la compra previa del inmueble, que inicialmente había sido publicado a un valor considerablemente mayor.
Según trascendió, también mantuvo encuentros con Adorni en la Casa Rosada semanas antes de concretarse la transacción.
En paralelo, la escribana Adriana Nechevenko explicó que la financiación sin intereses se habría basado en un vínculo de confianza entre las partes, ya que existiría una relación personal entre las familias involucradas.
Otros movimientos financieros
La causa también analiza otras operaciones vinculadas al jefe de Gabinete. Entre ellas, un préstamo de 100.000 dólares otorgado por las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, con una tasa de interés anual del 11% y garantía hipotecaria.
Según consta en el expediente, ese dinero habría sido utilizado para la compra de otra propiedad en el mismo período.
Mientras avanza la investigación, la Justicia busca reconstruir el origen de los fondos y las condiciones de las operaciones inmobiliarias realizadas por el funcionario.
