Los clubes de la máxima categoría resolvieron suspender toda la actividad del fútbol argentino los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, en respaldo a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) frente a la causa judicial impulsada por el organismo recaudador ARCA.
La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol y alcanza a todas las categorías, ya que el Ascenso anticipó que adherirá a la medida. En esas fechas debía disputarse la novena jornada del Torneo Apertura.
El respaldo institucional
Durante el encuentro, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, instó a los dirigentes a actuar en conjunto frente al conflicto judicial. Según trascendió, el director general de la entidad presentó documentación que —según la postura oficial— demostraría que la AFA no registra deudas exigibles ni declaraciones juradas pendientes.
Con ese argumento, los clubes interpretaron que la denuncia impulsada por ARCA carece de sustento y resolvieron el paro como señal de respaldo institucional tanto a Tapia como al tesorero Pablo Toviggino.
En un comunicado, la AFA sostuvo que las obligaciones fiscales señaladas en la denuncia fueron canceladas antes de su vencimiento y que la cuestión se encuentra pendiente de resolución ante la Cámara de Apelaciones. Además, calificó la imputación como una interpretación “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.
El origen de la causa
La investigación penal se originó el 12 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de ARCA por presunta retención indebida de aportes a la seguridad social y tributos nacionales, por un monto superior a los $19.300 millones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
La fiscalía encuadró los hechos en el Régimen Penal Tributario y se apoyó en el antecedente “Lambruschi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que el delito se configura 30 días después del vencimiento legal para el depósito de fondos retenidos.
Según la acusación, la AFA habría contado con liquidez suficiente para afrontar los compromisos fiscales, ya que durante el período investigado registró importantes acreditaciones bancarias y constituyó plazos fijos en pesos y dólares. La defensa, en cambio, sostiene que las deudas no eran exigibles y que existían resoluciones que suspendían ejecuciones fiscales a entidades sin fines de lucro.
Las audiencias indagatorias comenzarán el 5 de marzo con la declaración de Tapia, seguida por Toviggino y otros directivos.
Autorización judicial para viajar
En paralelo, el juez interviniente autorizó a Tapia a salir del país bajo una fianza de $5.000.000 para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil. El dirigente deberá notificar su regreso dentro de las 48 horas posteriores al arribo, bajo apercibimiento de ejecución de la caución.
Hasta esa resolución, el titular de la AFA tenía prohibido abandonar el país como medida para garantizar su sujeción al proceso.
Un conflicto que escala
El paro decidido por los clubes constituye una medida de alto impacto institucional y deportivo. No solo implica la suspensión total de la fecha programada, sino que también expone la tensión entre el fútbol argentino y el organismo recaudador en un contexto judicial complejo.
Mientras la causa avanza en el fuero penal económico y la Cámara debe resolver planteos de la defensa, el fútbol argentino quedará paralizado durante cuatro días en señal de respaldo a su conducción.
La medida traslada el conflicto más allá del ámbito judicial y lo instala como un enfrentamiento institucional de mayor escala, con consecuencias deportivas, políticas y económicas aún abiertas.
