El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se presentó este martes en la Corte Suprema de Justicia en el marco de uno de los ocho reclamos que la provincia de Buenos Aires mantiene contra el Estado Nacional por transferencias adeudadas. Según estimaciones oficiales, la deuda acumulada superaría los $681.000 millones.
La audiencia se desarrolló en el Palacio de Tribunales y forma parte de una estrategia judicial más amplia del gobierno provincial, que cuestiona distintos recortes implementados por la administración de Javier Milei, en particular a partir del DNU 280/2024, que suspendió transferencias destinadas a cubrir déficits previsionales de cajas provinciales.
Hasta el momento, la ANSES no brindó precisiones sobre cómo se resolverá ese reclamo.
El conflicto se da en un contexto de creciente tensión política entre Nación y la provincia. Si bien funcionarios de ambos espacios coincidirán este martes por la tarde en una misa en homenaje al papa Francisco, el encuentro será apenas un gesto institucional en medio de una disputa abierta por recursos y responsabilidades.
Desde el entorno de Kicillof advierten que, además del freno a transferencias directas, la provincia también se ve afectada por la caída de la recaudación nacional y su impacto en la coparticipación. En esa línea, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, aseguró que desde el inicio de la actual gestión nacional el distrito perdió $22,2 billones.
En paralelo, la administración provincial evalúa recortes en el programa alimentario MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), lo que abrió un nuevo frente de conflicto.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, reclamó al Ministerio de Capital Humano una deuda de $220.000 millones correspondiente al Servicio Alimentario Escolar (SAE). Sin embargo, desde la cartera que conduce Sandra Pettovello rechazaron el planteo y afirmaron que se trata de una responsabilidad provincial.
“El Gobierno nacional realiza un aporte cercano al 20% del financiamiento de los comedores escolares, mientras que el 80% restante corresponde a la Provincia”, indicaron en un comunicado.
Avance legislativo de La Libertad Avanza
En este escenario, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense avanzó con un pedido de informes para que el Ejecutivo provincial detalle el futuro del programa MESA.
La iniciativa fue impulsada por el senador Carlos Curestis, cercano al armador Sebastián Pareja, y solicita precisiones sobre la continuidad del programa, la cantidad de beneficiarios, el costo de los módulos alimentarios, el impacto presupuestario y el destino de los fondos en caso de modificaciones o eliminación.
“El gobierno tiene la obligación de explicar qué va a pasar con miles de familias que dependen de esta asistencia. No se puede jugar políticamente con la comida de la gente”, sostuvo el legislador.
Además, el espacio libertario presentó proyectos en ambas cámaras para avanzar en la normalización del IOMA, en medio de denuncias por deudas con prestadores, interrupciones en servicios y demoras en la atención.
Las iniciativas incluyen la citación de autoridades del organismo a la Comisión de Salud para que informen sobre el estado financiero, así como la creación de una mesa de trabajo permanente con participación de afiliados, prestadores y legisladores.
Los otros reclamos ante la Corte
El litigio por las transferencias previsionales es solo uno de los ocho planteos que la provincia llevó al máximo tribunal.
Entre los principales, se destaca el pedido de inconstitucionalidad del Decreto 192/2024, que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, por el cual Buenos Aires reclama unos $88.800 millones más intereses.
También exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), con una deuda estimada en $42.000 millones, y del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, cuya eliminación impacta en el sistema de transporte urbano y suburbano.
