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Política · Justicia · 6 de junio de 2026
La IGJ intimó a la Fundación Faro de Caputo: diez días para revelar donantes anónimos por $5000 millones
6 de junio de 2026
La Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que tras el cambio de autoridades quedó bajo la órbita de influencia de Karina Milei, emplazó a la Fundación Faro Argentina para que en diez días identifique a los donantes que le aportaron casi $5000 millones durante 2024. El balance presentado no individualiza a ningún aportante, tiene libros sin actualizar y acumula deudores por $246 millones sin identificar.
El pliego de la IGJ: nombres o sanción
La intimación de la IGJ no es una formalidad menor. El organismo, que regula a todas las personas jurídicas en la Ciudad de Buenos Aires, le otorgó a la Fundación Faro un plazo perentorio de diez días hábiles para cumplir con una obligación básica del derecho societario: identificar a los donantes cuyos aportes superen el equivalente a 40 salarios mínimos. En 2024, esa cifra rondaba los $1,5 millones por donante. Faro recibió $4957 millones, pero su balance no menciona un solo nombre.
“El 99% de los ingresos figuran bajo el concepto genérico ‘donaciones, cursos, talleres y prevención’, sin desagregar quiénes son los aportantes”, explicaron fuentes de la IGJ a este medio. La normativa es clara: cualquier persona jurídica debe llevar libros contables actualizados y detallar el origen de los fondos cuando superan ciertos umbrales. Faro no lo hizo. Y ahora el reloj corre.
La intimación adquiere una dimensión política ineludible porque la IGJ fue recientemente reorganizada y quedó bajo la esfera de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente. Es la primera vez que el organismo apunta directamente al corazón del think tank más cercano al asesor estrella Santiago Caputo.
Cuatro irregularidades que detectó la investigación
El balance de Faro correspondiente al ejercicio 2024 fue presentado recién el 9 de abril de 2026, con casi once meses de retraso. Pero la demora es apenas la punta del iceberg. Según la información publicada por LA NACION y verificada por este medio, los auditores de Crowe (Canepa, Kopec y Asociados) dejaron constancia de que, al momento de la presentación, “los estados contables todavía estaban pendientes de transcripción en los libros contables de Faro”. En otras palabras: la fundación presentó balances ante el organismo de control que ella misma no había registrado en sus propios libros.
El mismo informe revela otras tres opacidades graves. Primero: $246,4 millones figuran como “deudores varios”, sin identificar a qué personas físicas o jurídicas se les prestó ese dinero, ni en qué condiciones, ni con qué garantías. Segundo: a pesar de haber recibido casi $5000 millones en donaciones, la fundación también tomó préstamos por $34,4 millones corrientes y no corrientes, sin explicar su origen ni sus condiciones. Tercero: registró un depósito en garantía de $31,5 millones en el activo no corriente, lo que sugiere el alquiler de un inmueble de gran envergadura, e ingresos por $3,2 millones por alquileres propios, sin detallar de qué propiedades se trata.
La Fundación Faro, que nació sobre los restos de la Fundación Valorar (una pequeña organización social con ingresos anuales de apenas $49 millones en 2023), multiplicó sus ingresos por 78 y su patrimonio por 356 en menos de dos años. Su transformación comenzó entre abril y mayo de 2024, cuando renunció todo el consejo de administración original y tomaron el mando el escritor Agustín Laje y Francisco Caputo, hermano de Santiago Caputo.
Las cenas en el Yacht Club y el silencio sobre los aportantes
Faro organizó tres cenas con empresarios y políticos en el Yacht Club Puerto Madero, con Javier Milei como orador principal en las tres. A la primera, en noviembre de 2024, asistieron referentes del poder económico local: José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical) y representantes de YPF y Techint, entre otros. El cubierto habría alcanzado los US$25.000, pero la fundación nunca desglosó lo recaudado ni reveló quién pagó.
La IGJ ahora quiere esos nombres. Y los quiere en diez días. Si Faro no los entrega, el organismo tiene la facultad de aplicar sanciones que pueden ir desde multas hasta la intervención de la fundación. El reloj ya empezó a correr.
