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Los chats descubiertos en la causa por el fentanilo contaminado complicaron aún más la situación de las exfuncionarias detenidas. Nélida Agustina Bisio, extitular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del INAME, están presas acusadas de haber dado «cobertura estatal» a los laboratorios que produjeron la droga adulterada que ya provocó 90 muertes y 46 heridos graves.
La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, determinó que ambas funcionarias conocían las irregularidades del laboratorio y no tomaron medidas a tiempo. El 3 de enero de 2025, las inspectoras de la ANMAT habían recomendado prohibir toda la producción de Laboratorios Ramallo y ordenar el retiro del mercado de sus drogas.
Sin embargo, pasó más de un mes hasta que tomaron medidas. En ese lapso, el 14 de enero, Bisio y Mantecón Fumadó se reunieron con el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, y le ofrecieron no avanzar contra él a cambio de que presentara un «plan de acción».
«Re bien predispuestas ambas, las dos», dice un mensaje de «Victoria» (García) que celebraba la actitud de las funcionarias tras la reunión en la sede de la ANMAT. Un día después, el 15 de enero, Mantecón Fumadó se reunió nuevamente con los empresarios y les ofreció ayudar a «conseguir por otro lado» rótulos y prospectos que la empresa no podía obtener.
El 10 de febrero, Bisio y Mantecón Fumadó firmaron la «carta de advertencia» que prohibió toda la producción de Ramallo y la publicaron el 24 de febrero. Para entonces, la primera venta de fentanilo contaminado había sido el 30 de enero y la primera muerte ocurrió el 8 de febrero.
Los chats que comprometen a las funcionarias
Uno de los diálogos más reveladores ocurrió luego del 24 de febrero, cuando distintas droguerías y hospitales consultaron al INAME si podían usar los lotes de Ramallo. Una técnica le preguntó a Mantecón Fumadó qué debían responder y ella preguntó si estaban identificados los lotes no comercializables. La técnica le contestó que eran «todos» los elaborados en Ramallo.
«Es un montón de guita que está en la calle», se lamentó entonces la jefa del INAME. Para la fiscalía, este chat demuestra «evidente que la preocupación de Mantecón Fumadó no fue proteger la salud de la sociedad, sino evitar posibles pérdidas económicas» de la empresa.
La técnica le advirtió: «Es peligroso. Una persona que reporte evento adverso o se muera es nuestra responsabilidad. No podemos demorar la respuesta». Su jefa respondió: «Sí, lo sé».
El caos interno en los laboratorios
Los chats internos de los empleados revelan un sistema de ocultamiento sistemático. En un mensaje del 8 de marzo de 2025, un empleado advierte sobre reactivos vencidos dejados a la intemperie: «Pudo haber explotado eso tranquilamente».
El 26 de diciembre de 2024, apenas ocho días después de fabricado el lote fatal, un empleado escribió en el chat interno: «El fentanilo dio mal, hay que repetirlo mañana». La documentación de los procesos se hacía «en el aire» y los trabajadores reconocían tener que «armar todo de cero» para cubrir vacíos en la trazabilidad.
El director técnico Wilson Daniel Pons escribió en mayo de 2024, antes del escándalo: «La verdad que es lamentable lo de producción, hasta que no pase algo grave, parece que no van a escarmentar». La frase hoy resuena con trágica ironía.
El «manto de cobertura estatal»
La hipótesis fiscal sostiene que los laboratorios HLB Pharma y Ramallo «registraban un historial de incumplimientos» y que ese historial se explica «por la existencia de un manto de cobertura estatal».
Las señales de alerta venían de años atrás. En 2023, un organismo del INAME señaló a HLB como un «riesgo sanitario» y pidió una inspección que nunca se realizó. En noviembre de 2024, las inspectoras detectaron serias irregularidades en Ramallo y las elevaron a sus jefas.
Según la fiscalía, Bisio y Mantecón Fumadó «conocían el escenario de riesgo elevado» y sabían que se podían provocar muertes y lesiones. Sin embargo, no adoptaron medidas preventivas que, según los fiscales, habrían impedido la tragedia.
Entre las medidas que podrían haberse aplicado se encontraban: la inmovilización y el retiro de los lotes afectados, la prohibición de su comercialización, la emisión de una alerta sanitaria y la inhibición de los laboratorios.
Las víctimas y los imputados
La tragedia ya dejó 90 muertos y 46 heridos de gravedad en todo el país. En Rosario fallecieron 36 personas; en Santa Fe, 20; en La Plata, 18; en Córdoba, 6; en Formosa, 5; en Río Cuarto, 2; y en CABA y Bahía Blanca, 3 en total.
Las víctimas van desde una beba de 7 meses hasta un hombre de 90 años. Las ampollas contaminadas presentaban Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, bacterias asociadas a infecciones intrahospitalarias graves.
Actualmente hay 14 procesados en la causa, entre ellos Ariel García Furfaro, su hermano Diego y su madre Nilda, quien está bajo arresto domiciliario. Las exfuncionarias enfrentan una pena de entre 10 y 25 años de prisión por adulteración de medicamentos.
Bisio declaró ante el juez Kreplak durante casi dos horas, pero pidió terminar su exposición por escrito en una nueva audiencia porque «la venció el cansancio». Mantecón Fumadó, en su declaración, complicó la situación de la cúpula sanitaria al asegurar que sus superiores estaban al tanto de las irregularidades y mencionó de forma directa al ministro de Salud, Mario Lugones.
La causa por fentanilo contaminado es considerada la mayor tragedia sanitaria investigada en la historia de la justicia argentina.
