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Un consorcio de más de 1.000 acreedores, un empresario interesado en adquirir la compañía y un síndico disidente lanzaron una ofensiva judicial contra el proceso de liquidación. Todos cuestionan la decisión de vender las plantas y las marcas por separado.
La liquidación de SanCor ingresó en una etapa decisiva, pero también en una de las más conflictivas desde que la cooperativa fue declarada en quiebra. Mientras el proceso para desprenderse de sus activos avanza, tres frentes judiciales abiertos amenazan con frenar la operación antes de que se concrete la primera venta.
Por un lado, un consorcio integrado por 1.066 acreedores pidió la nulidad de la quiebra y el apartamiento del juez que conduce el expediente. En paralelo, el empresario Gustavo Scaglione, titular de Fidulac S.A. y uno de los interesados en adquirir la empresa, impugnó el pliego de licitación aprobado por la Justicia. A ese escenario se sumó un síndico disidente, que denunció ante la Corte Suprema de Santa Fe presuntas irregularidades en el manejo del proceso concursal.
Detrás de las tres presentaciones existe un punto en común: la forma en que se pretende vender SanCor.
El eje de la disputa
La resolución firmada el 11 de junio por el juez Marcelo Gelcich dispuso que los activos de la cooperativa sean subastados en siete lotes independientes, separando las seis plantas industriales del paquete de marcas comerciales.
El valor mínimo fijado para la operación asciende a USD 52,1 millones: USD 27,4 millones corresponden a los establecimientos industriales y USD 24,7 millones a las marcas, entre ellas SanCor, Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Los cuestionamientos apuntan precisamente a esa decisión. Tanto Scaglione como el consorcio de acreedores sostienen que la empresa debería venderse como una unidad económica en funcionamiento y no de manera fragmentada.
Según plantean, dividir las plantas de las marcas destruye valor. Una fábrica sin una marca consolidada pierde competitividad, mientras que quien compre las marcas no tendrá obligación alguna de mantener la producción en las instalaciones de la cooperativa.
Además, Fidulac argumenta que la Ley de Concursos y Quiebras establece que la primera alternativa debe ser la venta integral de la empresa y que el expediente no explica por qué se descartó esa opción.
La impugnación de Scaglione
El recurso presentado por el empresario también cuestiona aspectos técnicos del pliego.
Entre ellos figura la reducción del valor asignado a la planta de Sunchales luego del incendio ocurrido el 7 de junio. La tasación pasó de USD 3 millones a USD 2,4 millones tras una rebaja del 20%, que, según la presentación, no cuenta con un informe técnico que la justifique.
Otro de los planteos apunta al acceso restringido a la información. Las tasaciones quedaron incorporadas en un Data Room cuyo ingreso cuesta USD 10.000, el mismo monto exigido para participar de la licitación. Para Fidulac, esa condición limitó el derecho de los acreedores a controlar el proceso.
La denuncia contra el juez
En paralelo, un integrante de la sindicatura presentó una denuncia institucional ante la Corte Suprema de Santa Fe.
El escrito sostiene que el juez habría desplazado a la sindicatura de funciones que la ley le asigna para concentrarlas en una coadministración creada durante el proceso.
La presentación también menciona episodios concretos, entre ellos la desaparición de más de 24.000 kilos de queso que permanecían bajo resguardo judicial y la imposición de sanciones disciplinarias a síndicos que habían advertido sobre distintas irregularidades.
Según el denunciante, el procedimiento terminó debilitando los mecanismos de control interno durante la quiebra.
Los acreedores también buscan frenar la venta
El tercer frente judicial está encabezado por el estudio del abogado Aldo Regali, que representa a más de un millar de acreedores, entre productores tamberos, proveedores y extrabajadores.
El grupo no solo pidió declarar nula la quiebra, sino que también impulsa un plan alternativo para preservar la empresa como unidad productiva y reclama el apartamiento del magistrado.
Para los acreedores, vender las plantas y las marcas por separado reduce las posibilidades de que un único inversor mantenga la actividad industrial, lo que impactaría directamente sobre las posibilidades de recuperar las acreencias.
Una definición que sigue pendiente
Mientras la Justicia analiza las distintas impugnaciones, el proceso de liquidación permanece bajo una creciente incertidumbre.
En paralelo, varias compañías del sector lácteo —entre ellas Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela— siguen de cerca la evolución del expediente y aparecen como potenciales interesadas en adquirir parte o la totalidad de los activos.
SanCor llegó a operar 14 plantas industriales durante su etapa de mayor expansión. Hoy conserva seis establecimientos en funcionamiento, con una producción muy inferior a su capacidad instalada, una deuda superior a los USD 120 millones y más de 300 pedidos de quiebra acumulados, en un escenario que mantiene abierto el interrogante sobre el futuro de una de las cooperativas más emblemáticas de la industria láctea argentina.
