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Halliburton, gigante estadounidense con sede en Houston, confirmó que no participará en la exploración de hidrocarburos en el archipiélago. La decisión responde a las advertencias de la Cancillería argentina de inhabilitar para operar en Vaca Muerta a las firmas que colaboren con las petroleras británicas.
La gigante estadounidense Halliburton, una de las empresas de servicios petroleros más importantes del mundo, ratificó que no prestará servicios, tecnología ni equipamiento especializado para el proyecto Sea Lion, ubicado en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.
La confirmación, difundida inicialmente por la agencia Reuters, se produjo tras un requerimiento directo del gobierno argentino a la sede central de la firma en Houston, Texas. La medida se enmarca en la embestida diplomática y jurídica desplegada por la Cancillería argentina para frenar la exploración ilegítima de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El peso de Vaca Muerta y los antecedentes
El factor determinante tras el repliegue de Halliburton fue la advertencia formal enviada a cerca de 180 empresas del sector: cualquier compañía que preste asistencia logística o técnica al proyecto Sea Lion quedará inhabilitada para operar en Vaca Muerta, el mega yacimiento no convencional de Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios de petróleo.
Con esta ratificación, Halliburton se suma a las decisiones adoptadas en septiembre por sus principales competidoras globales:
- SLB (ex Schlumberger): Desestimó su participación tras la notificación oficial.
- Baker Hughes: Emitió un comunicado alineado con la postura de no intervenir en el territorio en disputa.
Entre las tres compañías concentran la casi totalidad de la capacidad técnica mundial necesaria para llevar a cabo perforaciones en aguas profundas de la magnitud de Sea Lion.
La vía judicial y el arbitraje internacional
La presión argentina contra la cuenca Malvinas Norte combina sanciones administrativas con acciones penales e internacionales:
- Causa penal y medidas cautelares: La jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó la suspensión material de las obras a las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. A su vez, el canciller Pablo Quirno promovió denuncias penales contra directivos y subsidiarias, con penas previstas de hasta 15 años de prisión y 20 de inhabilitación.
- Arbitraje bajo la CONVEMAR: El Poder Ejecutivo notificó al Reino Unido el inicio de un proceso de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, fijando un plazo de 14 días para paralizar las operaciones antes de formalizar la demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo.
