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Iveth Emilia Quesada Ugalde, letrada con actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal general Oscar Fernando Arrigo y otros dos fiscales por el manejo de la causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev. El escrito cuestiona un traslado terrestre de más de 20 horas después de una cirugía, la utilización de datos falsos para sostener el riesgo de fuga y restricciones a la defensa.
La causa que tiene como imputado al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, de 59 años, sumó un nuevo frente institucional que coloca bajo la lupa la conducta de los fiscales que intervienen en el expediente. Una abogada costarricense con actuación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una denuncia disciplinaria contra el fiscal general Oscar Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, y los fiscales Tomás Labal y Révora, ambos intervinientes en distintas instancias del proceso.
La presentación fue realizada por Iveth Emilia Quesada Ugalde, quien aseguró actuar con autorización expresa de Rudnev y en coordinación con su defensa técnica argentina, encabezada por el abogado Martín Sarubbi. El escrito fue ingresado ante la Procuración General de la Nación y, en un punto clave, aclara expresamente que no busca revisar las resoluciones judiciales dictadas en el expediente, sino investigar la conducta funcional de los fiscales al amparo de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y el Reglamento Disciplinario para Magistrados.
- La denuncia fue presentada el 29 de junio ante la Procuración General de la Nación
- Alcanza al fiscal Oscar Arrigo y a los fiscales Tomás Labal y Révora
- El traslado terrestre de Rudnev desde Rawson a San Vicente duró más de 20 horas sin camilla
- La defensa había ofrecido costear un traslado aéreo, pero el fiscal Labal se habría opuesto
- Un informe médico señala que el viaje prolongado pudo complicar la hernia recientemente operada
- También se cuestiona el uso de datos falsos sobre pasajes aéreos y pastillas que dieron negativo
- La CIDH ya había recibido más de veinte denuncias previas por el mismo caso
El traslado que desencadenó la denuncia: más de 20 horas después de una cirugía
Uno de los capítulos más contundentes del escrito refiere al traslado de Rudnev desde la Unidad Nº 6 de Rawson hasta su domicilio en San Vicente, provincia de Buenos Aires, donde cumplía prisión domiciliaria. El viaje se realizó por vía terrestre durante más de veinte horas, en posición sentada y sin camilla, a pesar de que el imputado había sido operado de una hernia inguinoescrotal el 26 de mayo de 2026.
Según la denuncia, la defensa había solicitado que el traslado se realizara por vía aérea, ofreciendo incluso costear los gastos. La Policía Federal Argentina, por su parte, había informado que podía poner a disposición una aeronave institucional sujeta a autorización judicial. Sin embargo, fue el fiscal Labal quien se habría opuesto a esa alternativa, solicitando sucesivas precisiones administrativas sobre la aeronave y demorando la autorización.
La denuncia incorpora un informe del cirujano Julio César Bellido, fechado el 5 de junio de 2026, que consideró verosímil que el traslado terrestre prolongado, sin camilla y con movilidad limitada, hubiera provocado complicaciones en la hernia recientemente operada. El médico documentó además una colección líquida en la zona quirúrgica que requirió estudios adicionales. El dato no es menor: el alta quirúrgica contraindicaba expresamente los traslados prolongados y el alojamiento en establecimientos penitenciarios.
Los puntos cuestionados por la denuncia
El escrito sostiene que existiría un «patrón de actuación dirigido a sostener la prisión intramuros del señor Rudnev mediante argumentos fácticamente inexactos, omisión de elementos favorables, oposición injustificada a alternativas médicamente seguras y restricciones al ejercicio efectivo de la defensa».
Entre los puntos centrales de la denuncia figura el cuestionamiento a la afirmación fiscal de que Rudnev habría sido detenido con dos pasajes aéreos simultáneos, dato que la defensa asegura es falso y que habría sido utilizado para reforzar la hipótesis de riesgo de fuga. La presentación también cuestiona la referencia a 131 pastillas secuestradas a terceras personas que, según los peritajes, arrojaron resultado negativo, aunque la fiscalía habría continuado mencionándolas como sustancias psicotrópicas para sostener la gravedad de la imputación.
La denunciante remarcó que no toda postura fiscal contraria a la defensa constituye una falta disciplinaria, pero consideró que la acumulación de los hechos relatados justifica una investigación independiente. La presentación también pone en discusión la hipótesis de una organización criminal estructurada bajo el liderazgo de Rudnev, construida, según la denunciante, a partir de la coincidencia temporal de ingresos al país de distintos ciudadanos rusos. La pregunta que atraviesa el escrito: ¿los fiscales diferenciaron adecuadamente entre hechos acreditados, inferencias y meras hipótesis al momento de solicitar restricciones a la libertad del imputado?
El estado de salud de Rudnev y las restricciones a la defensa
La denuncia también rebate la idea de que Rudnev se hubiera negado sistemáticamente a someterse a exámenes médicos. El 13 de mayo, el propio imputado solicitó expresamente ser examinado por la hernia inguinal antes de cualquier traslado. La cirugía se realizó el 26 de mayo, con diagnóstico de hernia inguinoescrotal voluminosa con contenido intestinal, lo que para la defensa confirma que el cuadro de salud no era instrumental.
La presentación detalla además un dictamen médico-legal del 29 de mayo de 2026 que documenta canal cervical estrecho con cuadriparesia, cardiopatía hipertensiva y riesgo de accidente cerebrovascular. El alta quirúrgica contraindicaba expresamente traslados prolongados y el alojamiento en establecimientos penitenciarios. Pese a esa documentación, según la denuncia, el Ministerio Público Fiscal continuó impulsando el regreso de Rudnev a prisión.
«La acumulación de los hechos relatados justifica una investigación independiente» sobre la conducta de los fiscales en la causa Rudnev, sostiene el escrito presentado ante la Procuración.
Otro de los hechos denunciados refiere a una audiencia testimonial en la que la fiscalía habría dispuesto restricciones que, para la defensa, afectaron el debido proceso. Entre las medidas cuestionadas: mantener cámaras y micrófonos apagados, exigir que las preguntas de la defensa fueran remitidas con anticipación y evaluadas por la propia fiscalía, e impedir que los imputados presenciaran el acto. La denunciante sostiene que estas decisiones podrían haber afectado la contradicción, la igualdad de armas y el derecho de defensa.
Los antecedentes internacionales del caso
Más de veinte denuncias fueron formalmente registradas y aceptadas por la CIDH, que exigen investigar la responsabilidad de los fiscales Arrigo, Labal y Révora, así como del juez Gustavo Zapata, por presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la prisión preventiva, tratos crueles, posibles elementos de tortura y abuso de autoridad. Diecinueve mujeres, además, denunciaron hechos de violencia por parte de los mismos funcionarios en el marco de la investigación. El caso Rudnev se ha convertido, para los denunciantes, en un símbolo de lo que consideran un problema institucional más amplio.
Las medidas solicitadas a la Procuración General
Entre las medidas solicitadas, la denuncia pide la preservación inmediata de prueba documental y digital, la designación de un fiscal superior ajeno a la sede de Bariloche para supervisar las decisiones vinculadas a la salud y custodia de Rudnev mientras se sustancia la investigación, y que se garantice la participación de un intérprete ruso-español en cualquier instancia futura.
En su petitorio final, la presentación solicita formalmente que se investigue si los hechos relatados configuran faltas disciplinarias leves, graves, o eventualmente una causal de enjuiciamiento, y deja planteada la posibilidad de ampliar la denuncia si se incorporan nuevos documentos o informes médicos. La denunciante remarcó que las medidas pedidas buscan «proteger la objetividad institucional y prevenir daños irreparables» , y no constituyen una sanción anticipada contra los funcionarios mencionados.
Con esta presentación ante la Procuración General de la Nación, la causa Rudnev suma un nuevo capítulo a las apelaciones ya presentadas ante la Cámara Federal de Casación Penal y a las denuncias internacionales que el expediente ya venía generando. La situación actual de Rudnev: continúa alojado en una quinta de San Vicente, a la espera de una evaluación médica que determine si puede ser trasladado a un penal, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal revocara su prisión domiciliaria al considerar que persistía el riesgo de fuga.
