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Procuración General de la Nación
La causa por la desaparición y muerte de Franco Casco sumó un nuevo capítulo judicial e institucional. Tres policías santafesinos denunciaron ante la Procuración General de la Nación al fiscal federal Fernando Arrigo y a su colega Marcelo De Giovani por presunto mal desempeño y supuestas irregularidades en el manejo de pruebas durante la investigación, el juicio oral y la posterior revisión del expediente.
Las presentaciones fueron realizadas en forma individual por Walter Benítez, Guillermo Gysel y Marcelo Guerrero, con el patrocinio de los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Fernando Mazzuchini. Según informó Noticias Argentinas, las denuncias quedaron en la Procuración, donde se deberá investigar la actuación de los fiscales y adoptar eventualmente medidas disciplinarias.
La presentación no es la primera contra Arrigo en este expediente. En 2025, el comisario retirado Diego Álvarez, uno de los policías que había permanecido casi seis años detenido y luego fue absuelto, realizó una denuncia ante el mismo organismo por cuestionamientos similares. Con las nuevas presentaciones, son cuatro los efectivos que pidieron que se examine la actuación del fiscal.
Qué denuncian los tres policías
Los denunciantes sostienen que durante el trámite de la causa se incumplieron los principios de objetividad y lealtad procesal. Según su planteo, la Fiscalía habría omitido elementos que favorecían a las defensas, habría otorgado un tratamiento selectivo a determinados testimonios y habría presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal una reconstrucción de los hechos que, de acuerdo con los policías, no coincidía con lo discutido durante el juicio oral.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con cuatro filmaciones que, según los denunciantes, mostrarían a Casco caminando por Rosario después de haber recuperado su libertad.
De acuerdo con la denuncia, esas imágenes fueron dadas a conocer durante el juicio por el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario el 28 de diciembre de 2021 y contaban con registros de fecha y hora. Los policías sostienen que más de siete pericias identificaron al joven en esas grabaciones. También citan registros de comunicaciones, posicionamientos de móviles policiales y documentación oficial que, según afirman, respaldaría su reconstrucción de lo ocurrido.
La defensa sostiene que Casco había sido detenido el 6 de octubre de 2014 y que recuperó la libertad esa misma noche. Ese punto es central porque existe una fuerte controversia sobre la secuencia temporal de los hechos.
El punto que cuestionan ante Casación
Los policías afirman que Arrigo habría modificado ante la Cámara Federal de Casación Penal la reconstrucción de la detención de Casco, en particular respecto del día, el horario y el lugar. Para los denunciantes, esa modificación afectó el derecho de defensa y el principio de congruencia.
Otras pruebas que aparecen en la denuncia
Las presentaciones también mencionan un informe de mejoramiento de imágenes enviado desde Córdoba en febrero de 2015. Según los policías, las defensas reclamaron ese material en más de nueve oportunidades sin que pudiera ser localizado.
Otro planteo apunta a fotografías recuperadas de un teléfono celular que, siempre de acuerdo con los denunciantes, permanecieron durante años fuera del alcance de los abogados.
A eso se suma una pericia odontológica elaborada por especialistas de la Universidad Nacional de Rosario, recibida por la Fiscalía en julio de 2017. Los policías sostienen que ese estudio contradecía otros elementos médicos utilizados para respaldar la acusación y que la defensa pudo acceder al documento después de que su existencia trascendiera públicamente.
Las denuncias también cuestionan la valoración de los testimonios de personas que estaban detenidas en la Comisaría Séptima de Rosario, donde Casco estuvo alojado. Según los denunciantes, la Fiscalía habría priorizado los relatos incriminantes y dejado en segundo plano declaraciones que negaban haber visto o escuchado situaciones compatibles con la acusación.
En particular, objetan el testimonio de Pablo Argüello y señalan supuestas contradicciones entre sus declaraciones, los libros de guardia y la distribución de la dependencia policial.
Qué ocurrió con la absolución
Franco Casco, oriundo de Florencio Varela, viajó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a familiares. El 6 de octubre fue detenido por personal de la Comisaría Séptima. Su cuerpo apareció el 30 de octubre de ese año en el río Paraná. La investigación federal sostuvo que se trató de una desaparición forzada y llevó a juicio a integrantes de la Policía de Santa Fe.
El juicio oral comenzó en diciembre de 2021 y se extendió durante más de un año y medio. El 18 de julio de 2023, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario absolvió por mayoría a 19 policías y un civil. La Fiscalía, a cargo de Fernando Arrigo durante el debate, había solicitado distintas penas para los acusados, incluida prisión perpetua para un grupo de ellos.
Pero el 18 de diciembre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones que estaban bajo revisión y ordenó al tribunal de origen dictar un nuevo pronunciamiento. La decisión alcanzó finalmente a 17 policías y un civil, debido a la muerte de una de las agentes y al desistimiento de la acusación respecto de otro policía.
Casación consideró que la sentencia había realizado una valoración fragmentaria de la prueba y calificó de arbitrario el razonamiento utilizado por el tribunal oral. Los jueces Daniel Petrone, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña sostuvieron que debían analizarse de manera integral los distintos elementos incorporados al expediente.
Qué pide la presentación contra los fiscales
Benítez, Gysel y Guerrero solicitan que la Procuración investigue la actuación de Arrigo y De Giovani y determine si corresponde aplicar sanciones disciplinarias.
También reclaman que se evalúe el eventual apartamiento de los funcionarios y que, si surgieran elementos que pudieran constituir delitos, se dé intervención a la Justicia correspondiente.
El expediente principal continúa además atravesado por la discusión sobre la decisión de Casación y los recursos posteriores. En paralelo, la Procuración deberá determinar la apertura de una investigación disciplinaria.
