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Por Alessandro Amicarelli
Presidente y portavoz de la Federación Europea para la Libertad de Creencias. Abogado internacional de derechos humanos
Argentina atraviesa un momento crítico en materia de garantías procesales. Lo que observo desde mi posición como abogado internacional y presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias no es un caso aislado ni una anomalía puntual: es un patrón sistemático de fiscales que expanden sus mandatos más allá de los límites legales, interpretan las leyes de manera creativa y manejan la evidencia con una laxitud que vulnera garantías procesales básicas. El caso de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso procesado por la Justicia Federal de Bariloche, es el ejemplo más visible y documentado de ese patrón. Pero no es el único.
Rudnev ingresó a prisión como un hombre saludable. Salió, catorce meses después, prácticamente discapacitado, habiendo sido sometido a una cirugía de urgencia. Durante su detención en la Unidad 6 de Rawson fue expuesto a frío extremo, ventanas sistemáticamente rotas durante los allanamientos y condiciones sanitarias deficientes. Todo esto, además, en una persona cuyo sistema inmunológico ya estaba severamente deteriorado por once años de prisión previa en Rusia. En ese contexto, cualquier nueva encarcelación no es una medida cautelar: es una amenaza real para su vida.
El fiscal a cargo, Fernando Arrigo, titular de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche, ha sido señalado reiteradamente por su manejo de la evidencia. Pero hay un elemento que me resulta especialmente revelador: la presunta víctima del caso Rudnev presentó una denuncia ante el Fiscal General contra Arrigo y otros fiscales, acusándolos de haberla forzado a reconocerse como víctima y de haberla sometido a distintas formas de presión. Esa denuncia fue remitida a la propia Fiscalía y archivada rápidamente por falta de mérito. Cuando la persona que el sistema pretende proteger denuncia al propio sistema, algo profundamente grave está ocurriendo.
Todo indica, a partir del análisis de los elementos disponibles, que Arrigo actúa con animosidad personal hacia Rudnev. No lo afirmo como acusación liviana: lo señalo como una conclusión que emerge del conjunto de decisiones adoptadas en esta causa, decisiones que difícilmente puedan explicarse únicamente por criterios jurídicos objetivos.
Este caso, sin embargo, no puede leerse de manera aislada. La jurisprudencia reciente de los propios tribunales argentinos ofrece un contexto que no debe ignorarse. El 13 de octubre de 2025, el juez federal Roberto Falcone absolvió al pastor evangélico Roberto Tagliabué tras tres años de prisión preventiva, sin encontrar base fáctica suficiente para la narrativa construida por la fiscalía. En 2022, la Justicia Federal de Tres de Febrero desestimó los cargos contra miembros del movimiento Cómo Vivir por Fe. En 2024, el Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió a los imputados de la Iglesia Tabernáculo Internacional y documentó graves abusos cometidos por PROTEX y el Programa Nacional de Rescate. Tres absoluciones, tres comunidades religiosas minoritarias, tres procesos construidos sobre narrativas que los tribunales terminaron rechazando.
El mismo fiscal Arrigo aparece también vinculado a la causa del líder mapuche Facundo Jones Huala. Cuando el juez Ezequiel Andreani ordenó el traslado de Jones Huala a Esquel, la Fiscalía de Bariloche presentó una apelación firmada por Arrigo que paralizó la ejecución de esa decisión. Dos personas de orígenes completamente distintos —un maestro espiritual ruso y un referente indígena— sometidas al mismo fiscal, con el mismo tipo de estrategia dilatoria y la misma resistencia a las medidas humanitarias. La coincidencia merece, cuanto menos, una explicación institucional.
También pesa sobre el historial de Arrigo su participación en la investigación por la muerte de Franco Casco, el joven que desapareció en Rosario en 2014 tras ser detenido por la policía y cuyo cuerpo fue hallado posteriormente en el río Paraná. Esa investigación fue ampliamente cuestionada por sus irregularidades. No es un dato menor cuando se evalúa la trayectoria de un funcionario que hoy conduce una causa con repercusión internacional.
Frente a este panorama, mi interpelación es directa y va dirigida al Presidente de la Nación, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad: deben garantizar que fiscales, jueces y otros funcionarios actúen estrictamente dentro de la ley y respeten plenamente los derechos humanos, los principios del juicio justo y la dignidad humana. No se trata de interferir en la independencia judicial. Se trata de ejercer la responsabilidad institucional que corresponde al poder político cuando las estructuras del Estado producen daños documentados sobre personas vulnerables.
No estoy solo en esta preocupación. La abogada parisina Patricia Duval presentó una solicitud de acción urgente ante Naciones Unidas. El CESNUR conformó una comisión de especialistas internacionales para analizar el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición de medidas cautelares. A estas voces se suman ahora las denuncias formales de Massimo Introvigne, Rosita Šorytė, Marco Respinti y Thierry Valle, figuras con décadas de trayectoria en organismos internacionales y en la defensa de la libertad religiosa. Cuando personas de esa envergadura deciden firmar una denuncia formal, no lo hacen a la ligera.
Lo que está en juego en el caso Rudnev excede la situación de un ciudadano ruso en un tribunal federal patagónico. Lo que está en juego es la credibilidad del sistema judicial argentino frente a la comunidad internacional, la vigencia efectiva del principio de inocencia, y la capacidad del Estado de proteger la vida y la integridad de las personas que somete a coerción. Argentina tiene una tradición constitucional que merece ser honrada. Precisamente por eso, cuando esa tradición es puesta en riesgo desde adentro, la obligación de señalarlo es tan urgente como ineludible.
