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La iniciativa, que ya obtuvo dictamen en la Comisión de Defensa del Consumidor, busca ponerle un freno a las prácticas abusivas de cobranza y darle un respiro a los bonaerenses que atraviesan la peor crisis económica en años.
La diputada provincial Ana Luz Balor (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir el hostigamiento y el trato indigno en los reclamos extrajudiciales de deuda, en un contexto donde el endeudamiento de las familias argentinas alcanza niveles récord.
«Queremos llevarles alivio a los bonaerenses», afirmó Balor en diálogo con Radio Provincia. La legisladora explicó que la situación de los hogares argentinos se pone más difícil en el sostenimiento diario para afrontar gastos de servicios, comprar alimentos y cubrir necesidades de la vida diaria.
Un proyecto pensado para la gente que la está pasando mal
La iniciativa busca reformar el Código Provincial de los Derechos de los Consumidores y Usuarios para incorporar el concepto de «sobreendeudamiento» y establecer un procedimiento especial para estos casos. Balor remarcó que las familias no se están endeudando para comprar bienes de lujo, sino para sobrevivir, pagar servicios y comprar alimentos.
«Tomamos una deuda tras otra y esa deuda además se está tomando para sobrevivir. Está afectando nuestra condición económica para la cotidianidad», sostuvo la diputada.
El proyecto contempla herramientas concretas de protección:
- Suspensión de embargos por 90 días para aquellas familias que acrediten su condición de sobreendeudadas, deteniendo embargos y futuras confiscaciones de bienes hasta que haya una mediación.
- Mediación administrativa gratuita en las oficinas de Defensa del Consumidor de los 135 municipios, donde deudores y acreedores puedan sentarse a negociar de manera transparente.
- Educación financiera obligatoria en la enseñanza oficial, para que los usuarios puedan tomar créditos con información clara y evitar caer en lo que Balor describe como «créditos muy fáciles, que parecen una estafa».
Freno al hostigamiento y las prácticas abusivas
El proyecto establece una prohibición expresa del hostigamiento en los reclamos de deuda, con multas que pueden llegar hasta los 5.000 salarios mínimos. Quedarán prohibidas:
- Llamadas fuera del horario de 9 a 20 horas en días hábiles, fines de semana y feriados
- Contacto con familiares, vecinos o empleadores para reclamar una deuda
- Comunicaciones desde números ocultos o con costo para el usuario
- Difusión de listados de morosos sin orden judicial
- Cualquier acción de exposición pública que estigmatice al deudor
También se prohíbe a los prestamistas desarrollar conductas que pongan a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, así como utilizar lenguaje ofensivo, humillante o grosero, o recurrir a presiones, acoso, amenazas o coacción.
Un respaldo que cruza todo el arco político
El proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, quien se reunió personalmente con Balor para abordar esta agenda. La propia diputada difundió una imagen del encuentro donde dejó claro que la iniciativa «busca dar respuestas concretas a miles de bonaerenses que hoy atraviesan situaciones de gran dificultad económica».
«En un contexto nacional de caída del ingreso, pérdida del poder adquisitivo y deterioro del empleo se hace necesaria la protección a las familias sobreendeudadas», sumó la legisladora.
Cerrar un vacío legal que deja a la gente indefensa
El proyecto surge tras la derogación por parte del Gobierno nacional de la Resolución 1033/2021 de la ex Secretaría de Comercio Interior, que regulaba la actividad de las agencias de cobranza. La iniciativa busca cubrir ese vacío legal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y brindar mayor jerarquía, estabilidad y alcance a las protecciones que habían quedado sin efecto.
«No se trata de condonar deudas ni de dar asistencia económica directa del Estado», aclaró Balor, «sino de garantizar el acceso a mediaciones gratuitas para quienes no pueden afrontar costos legales y frenar el hostigamiento que sufren miles de familias».
La iniciativa ya fue tratada en la Comisión de Defensa de los Derechos de los Consumidores y avanza en la Legislatura bonaerense como parte de una agenda de protección de los derechos de las personas consumidoras y de las familias bonaerenses frente a situaciones de endeudamiento y prácticas abusivas de cobranza.
