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La Cámara Alta descartó la pretensión del equipo jurídico del mandatario de dilatar el proceso y votó por 41 a 0 la incorporación de las pruebas acusatorias por el desfalco del Ueno Bank. En paralelo a las multitudinarias marchas frente al Congreso y al Banco Central, la renuncia de tres colaboradores clave del gabinete dejó al presidente acorralado antes de la sentencia final.
El cerco político sobre Santiago Peña ingresó en su fase decisiva este viernes. En una sesión cruzada por la tensión institucional y las movilizaciones populares en las calles de Asunción, el Senado de Paraguay rechazó por abrumadora mayoría el pedido de prórroga de 72 horas presentado por el mandatario y desestimó los planteos de su defensa técnica. Minutos más tarde, la Cámara Alta, constituida en tribunal de juzgamiento, aprobó por votación electrónica unánime (41 votos a favor y cero en contra) la admisión formal de todo el caudal probatorio acumulado por los fiscales acusadores de la Cámara de Diputados.
La estrategia de los abogados defensores Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda —quienes argumentaron violaciones al debido proceso y sostuvieron que la dimisión presentada por Peña anulaba la potestad de juzgarlo— fue desmontada por la masa de legisladores de todas las bancadas. La firmeza del cuerpo legislativo reflejó el aislamiento total del jefe de Estado, a quien incluso el Partido Colorado le retiró el respaldo por orden expresa de Horacio Cartes para evitar quedar salpicado por el latrocinio de los fondos públicos e institucionales retenidos en el Ueno Bank.
El colapso de la gestión presidencial se aceleró también en los pasillos de la Casa de Gobierno con las renuncias del jefe del Gabinete Civil, el asesor jurídico y el ministro del Interior, Enrique Riera. En tanto, en las afueras del Congreso y ante la sede del Banco Central, la ciudadanía, trabajadores y estudiantes universitarios protagonizaron protestas con quema de neumáticos e interrupción del tránsito. Con los alegatos finales en marcha y el respaldo diplomático de Estados Unidos exigiendo la preservación de las instituciones democráticas, el juicio político encara sus horas determinantes para definir la destitución formal de Peña.
