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Las políticas de racionalización del gasto público implementadas por el Gobierno nacional han comenzado a exhibir sus consecuencias más severas en el ámbito de la salud pública y la asistencia social. Un nuevo y detallado informe técnico elaborado de manera conjunta por las organizaciones ALGEC, CEРА y СЕРРЕМA analiza en profundidad el proceso de ajuste que, desde el año 2024, redujo drásticamente el acceso gratuito a medicamentos a través de los programas Remediar y PAMI, señalados históricamente como los dos principales mecanismos públicos de cobertura sanitaria en la República Argentina.
El documento expone cifras contundentes respecto al vaciamiento operativo del programa Remediar, la principal política de provisión directa de fármacos para los sectores vulnerables. De acuerdo con el relevamiento, el programa pasó de distribuir alrededor de 37,1 millones de tratamientos durante el año 2022 a proyectar apenas 14,1 millones para el cierre de 2025, lo que representa un colapso del 62% en su capacidad de asistencia territorial. Esta retracción logística está directamente atada a las partidas oficiales: el informe advierte que el presupuesto previsto para el programa en 2026 es un 72% inferior, en términos reales, al volumen de fondos ejecutado durante 2023.
El punto culminante de esta política de achique institucional se materializó en octubre de 2026. En esa fecha, el Ministerio de Salud de la Nación tomó la decisión de reemplazar el listado nacional histórico, que garantizaba la entrega de 128 medicamentos esenciales, por un vademécum reducido a apenas seis principios activos, todos ellos vinculados exclusivamente a tratamientos cardiovasculares. Como consecuencia de esta resolución, el Estado dejó de proveer fármacos de uso masivo y vital como metformina, levotiroxina, salbutamol, amoxicilina, suplementos de hierro y ácido fólico, antimicóticos y métodos anticonceptivos.
El impacto demográfico de este recorte recae de manera asimétrica sobre los sectores que dependen exclusivamente del sistema público de salud. El informe cita que más del 44% de la población argentina no cuenta con obra social ni medicina prepaga. En este universo, los grupos más afectados por la poda del vademécum nacional son los niños y niñas, las personas con enfermedades crónicas, las embarazadas y las mujeres que acceden a métodos anticonceptivos a través de las salitas y hospitales públicos.
La investigación también pone el foco en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), cuya red de cobertura alcanza a más de 5,3 millones de personas, en su gran mayoría adultos mayores de 60 años. El reporte documenta que desde 2024 se implementaron sucesivas modificaciones normativas que redujeron la cantidad de moléculas cubiertas, excluyeron medicamentos específicos y endurecieron drásticamente los requisitos burocráticos para que los afiliados puedan acceder al 100% de descuento.
El cruce de variables económicas expone una alarmante pérdida del poder adquisitivo de los jubilados frente a los mostradores de las farmacias. Con datos actualizados a octubre de 2026, el informe señala que, desde noviembre de 2023, los precios de venta al público de los medicamentos más consumidos por las personas mayores acumularon un aumento del 404%. Sin embargo, los precios de esos mismos remedios adquiridos con la cobertura de PAMI se dispararon cerca de un 638% en el mismo período, evidenciando un retiro del subsidio estatal. En contraste, la jubilación mínima con bono incluido solo registró un incremento aproximado del 306%, quedando completamente rezagada frente a la inflación farmacéutica.
La escalada de precios registra casos extremos en medicamentos de uso frecuente. El documento detalla que, entre 2023 y 2026, el fármaco Micardis aumentó un 850%, el Optamox un 844% y el Atlansil un 600%.
A nivel macroeconómico, los especialistas advierten que este proceso excede la mera reducción presupuestaria del Tesoro Nacional. La consecuencia directa es una gigantesca transferencia del costo de los medicamentos desde las arcas del Estado hacia el bolsillo de las familias, las personas mayores y las administraciones provinciales. En el caso del programa Remediar, el informe sostiene que el traspaso de las responsabilidades de compra a las provincias genera una mayor desigualdad territorial, dado que las distintas jurisdicciones del país cuentan con capacidades fiscales y de recaudación muy asimétricas para sostener la provisión local de medicamentos.
La metodología de este achique estatal es definida por el documento como una «política de ajuste en etapas». Las organizaciones concluyen que el desmantelamiento no se produjo mediante una única y abrupta decisión administrativa, sino a través de sucesivas reducciones silenciosas de medicamentos, establecimientos adheridos, beneficiarios y niveles de cobertura, hasta formalizar los recortes mediante la promulgación de nuevas normativas.
A este escenario se le suma un recorte global superior a los $63.000 millones en el presupuesto general del Ministerio de Salud proyectado para 2026. Esta poda generalizada tendrá fuertes impactos sobre los programas de acceso a tratamientos oncológicos, políticas de salud sexual y reproductiva, y los esquemas de atención para enfermedades como el VIH, la hepatitis, la tuberculosis y la lepra.
El informe elaborado por ALGEC, CEРА y СЕРРЕМA concluye que el ajuste en la política de medicamentos implica un desarme progresivo de los principales mecanismos nacionales de acceso gratuito a la salud. Advierten que el ahorro fiscal logrado por el Gobierno nacional es acotado, mientras que el costo social y económico real termina recayendo de manera desproporcionada sobre las familias más vulnerables, las personas mayores y las provincias con menores recursos.
