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El accionar del sistema penal argentino ha quedado nuevamente bajo el escrutinio de la comunidad jurídica internacional. La publicación del libro «Dangerous Justice: Argentina’s Criminal System in the Mirror of the Rudnev Case» (Justicia peligrosa: El sistema penal argentino en el espejo del caso Rudnev), disponible para su descarga gratuita, propone una auditoría descarnada sobre las fallas estructurales de los tribunales federales, tomando como eje transversal la controvertida causa instruida en Bariloche contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev.
Editada por el sociólogo italiano Massimo Introvigne y la antropóloga argentina María Vardé bajo el sello del CESNUR (Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones), la obra congrega a una docena de sociólogos, juristas, diplomáticos y defensores públicos. El volumen cuenta con una introducción firmada por James T. Richardson, prestigioso sociólogo y académico legal estadounidense, quien enmarca el expediente dentro de un análisis estructural sobre el vínculo entre la religión y las instituciones punitivas del Estado.
Editada por el sociólogo italiano Massimo Introvigne y la antropóloga argentina María Vardé bajo el sello del CESNUR (Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones),
El libro traza el inicio de la causa hasta marzo de 2025 en la Patagonia argentina. De acuerdo con la reconstrucción documental plasmada en la obra, la investigación se originó de manera fortuita y cuestionable: una joven rusa que se encontraba en un hospital de Bariloche para dar a luz —y que escapaba de una pareja violenta en su país— fue presionada por el personal sanitario para presentar documentos sobre la paternidad del bebé. Ante la insistencia, una amiga aportó la fotocopia de un pasaporte que halló en su lugar de alojamiento. El documento pertenecía a Konstantin Rudnev, un hombre al que la joven gestante afirmó no conocer en absoluto. A partir de esa simple fotocopia, el Ministerio Público Fiscal orquestó un operativo que derivó en la detención de Rudnev en el aeropuerto local bajo la grave acusación de liderar una red transnacional de trata de personas.
Las irregularidades en la instrucción, según denuncian los especialistas que participan del libro, comenzaron a acumularse rápidamente. El capítulo central a cargo de Massimo Introvigne enumera al menos diez falsedades sobre las cuales se estructuró la acusación, destacando que las pruebas materiales se desvanecieron durante el proceso: los peritajes confirmaron que las sustancias que los fiscales rotularon como cocaína o éxtasis resultaron ser productos farmacéuticos comunes, y los supuestos hongos «alucinógenos» eran simplemente hongos deshidratados de uso gastronómico.
La auditoría internacional también cuestiona el andamiaje legal que permite sostener estos procesos. Marisa Tarantino, fiscal adjunta en Buenos Aires, aporta un análisis técnico sobre las reformas a las leyes de trata sancionadas en 2008 y 2012, advirtiendo que los cambios normativos volvieron jurídicamente irrelevante el consentimiento de las mujeres adultas. Este aspecto es complementado por las investigadoras Cecilia Varela y María Vardé, quienes documentan cómo las agencias estatales adoptaron la terminología pseudocientífica del «lavado de cerebro» o «persuasión coercitiva», generando una arquitectura procesal que anula el derecho a la defensa: si una persona niega categóricamente ser víctima de explotación, los fiscales utilizan esa misma negativa como prueba irrefutable de que se encuentra manipulada.
A nivel institucional, el sociólogo Ezequiel Kostenwein (UNLP) explica la persistencia de estos abusos basándose en el concepto de «peligro judicial»: el temor de los jueces a liberar imputados y enfrentar represalias mediáticas o políticas. En este marco, el abogado Alessandro Amicarelli aporta un dato alarmante sobre el colapso del sistema: hacia finales de 2024, más de 45.000 personas se encontraban en cárceles argentinas cumpliendo prisión preventiva sin condena firme, representando más de un tercio de la población penitenciaria.
Sin embargo, el tramo más severo del informe internacional aborda las violaciones a los derechos humanos consumadas durante la detención. La abogada francesa Patricia Duval documenta las inhumanas condiciones de encierro que padeció Rudnev tras ser trasladado a un penal de máxima seguridad en Rawson. Según expone el libro, el imputado fue sometido a diez días de aislamiento en una celda de castigo sin servicios sanitarios básicos, debió soportar barreras lingüísticas absolutas sin intérpretes y fue obligado por los guardias a consumir medicación fuerte que le provocaba desmayos. A raíz de este trato, un hombre que ingresó al penal a los 57 años con patologías previas terminó perdiendo 53 kilogramos de peso.
Para los autores de «Justicia Peligrosa», estas condiciones de detención no responden a la mera desidia carcelaria, sino que constituyen un método sistemático y deliberado de tortura psicológica aplicado por el sistema penal argentino con el objetivo de presionar a los acusados para que firmen confesiones mediante juicios abreviados.
