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El estado de salud del ciudadano ruso Konstantin Rudnev volvió a tensar el desarrollo procesal de la causa por presunta trata de personas que se tramita en la Justicia Federal de Bariloche. El imputado, de 59 años y quien cumple arresto domiciliario en San Vicente, debió ser internado de urgencia tras sufrir un grave episodio cardiovascular. El hecho excede el plano estrictamente clínico y se enmarca en una fuerte controversia institucional originada por las demoras judiciales y la disputa técnica en torno al lugar donde debía ejecutarse su hospitalización, una medida que el Estado ya había ordenado pero que tardó tres semanas en concretar.
Según detalló Tamara Rudneva, la evaluación clínica del paciente ya había motivado la intervención oficial del Cuerpo Médico Forense
Según la reconstrucción documental aportada por la defensa y confirmada por Tamara Rudneva, esposa del imputado, la crisis se desencadenó durante la noche del jueves 29 de octubre. A las 22.16 horas, Rudnev fue evaluado de urgencia en su domicilio por el cardiólogo Tomás Miguel Mullins, quien certificó un diagnóstico de «hipertensión arterial grave de riesgo indeterminado», registrando una presión crítica de 210/120 y dolor espontáneo. Ante la gravedad hemodinámica del paciente —quien además portaba collar cervical—, el facultativo dispuso medicación antihipertensiva inmediata y ordenó su traslado urgente en ambulancia hacia una unidad dotada de monitoreo continuo, advirtiendo sobre la eventual necesidad de administrar vasodilatadores potentes como nitroglicerina si los valores no cedían.
Siguiendo esta directiva médica privada, el ciudadano ruso ingresó de emergencia a la Clínica Monte Grande, donde quedó internado en el área de cardiología, conectado a equipos de monitoreo de actividad cardíaca y pulso, mientras se le practican estudios de alta complejidad para determinar el origen de las alteraciones.
La internación cristalizó un severo cortocircuito procesal entre la defensa técnica y el juzgado interviniente. Según detalló Tamara Rudneva, la evaluación clínica del paciente ya había motivado la intervención oficial del Cuerpo Médico Forense, que el pasado 8 de octubre recomendó formalmente su hospitalización para la realización de estudios integrales. En base a ese dictamen pericial, el juez interviniente libró una orden con carácter urgente el 13 de octubre. No obstante, el mandato judicial permaneció en un limbo operativo durante casi tres semanas.
El nudo del conflicto radicó en la obstinación judicial respecto a la elección del centro de salud. Mientras la defensa de Rudnev solicitó autorización reiterada para trasladarlo a la Clínica Monte Grande —que acreditó disponibilidad inmediata de camas y recursos técnicos—, la magistratura insistió en priorizar la red de salud pública provincial, cursando oficios sin éxito al Hospital Fernández y obteniendo respuestas negativas por falta de plazas en los hospitales Italiano y Británico.
Esta puja quedó documentada en un duro recurso de impugnación presentado por el defensor Martín Sarubbi el mismo día de la crisis hipertensiva. El abogado atacó una nueva resolución judicial, notificada horas antes del traslado de emergencia, en la que el juzgado disponía sorpresivamente derivar al imputado al Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas. Sarubbi calificó la decisión de «arbitraria» por no explicar la preferencia por Cañuelas frente a una clínica privada disponible, y le recordó al magistrado que el Cuerpo Médico Forense solo sugirió hospitales públicos «a modo de ejemplo», amparándose además en la Ley 26.529, que garantiza el derecho del paciente a elegir dónde ser atendido.
La internación de Rudnev impacta directamente sobre el horizonte procesal de la instrucción federal. El pasado mes de junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó un pedido de prisión domiciliaria, pero condicionó el eventual regreso del imputado a un establecimiento penitenciario a que se certifique formalmente su estado de salud integral. En este marco, los antecedentes del 1 de octubre —cuando peritos forenses constataron alteraciones cardíacas tras tres intervenciones quirúrgicas previas— y la crisis reciente tornan abstracta, de momento, la posibilidad de un alojamiento carcelario.
La complejidad del expediente no se agota en la salud del procesado. De manera paralela, el juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla rechazó el 22 de octubre un pedido de anticipo jurisdiccional de prueba para Elena Makarova, la mujer rusa identificada institucionalmente como presunta víctima, quien ya declaró en tres oportunidades que no sufrió explotación ni delito alguno por parte de Rudnev. Ante el colapso judicial y clínico del caso, la causa transita hoy su etapa más crítica.
