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En las vísperas de una nueva movilización masiva, el analista Emmanuel Ferrario y el periodista Cristian Alarcón encendieron las alarmas sobre el accionar de grupos religiosos y profesionales que prometen «corregir» la orientación sexual en la Ciudad. La investigación de la revista Anfibia reveló métodos encubiertos en retiros espirituales y las graves secuelas psicológicas que sufren las víctimas.
A horas de la celebración de la Marcha del Orgullo, una impactante revelación volvió a poner en el centro del debate la vigencia de las denominadas «terapias de conversión» en la Ciudad de Buenos Aires. Emmanuel Ferrario y el periodista Cristian Alarcón advirtieron sobre la proliferación de estos procedimientos clandestinos en ámbitos médicos, religiosos y privados que buscan alterar la identidad o la orientación sexual bajo la falsa premisa de corregir un «antidiseño». Una encuesta reciente reveló que el 26% de las personas LGBTIQ+ consultadas sufrieron intentos de modificación, de las cuales el 75% padeció depresión y un 44% tuvo ideación suicida.
La investigación desarrollada por la revista Anfibia, titulada «Putos antidiseño», logró infiltrar a un periodista en un retiro espiritual de tres días en Benavídez organizado por iglesias evangélicas. Allí se constató cómo, mediante el cobro de elevadas sumas de dinero y a través de una manipuladora «política del susurro», más de un centenar de jóvenes son sometidos a dinámicas de coerción psicológica para renegar de su orientación sexual. Esta red de contención engañosa mantiene conexiones directas con congregaciones radicadas en diversos barrios porteños, promocionando sus convocatorias a través de redes sociales.
Ante la gravedad de los testimonios y las devastadoras consecuencias en la salud mental de los sobrevivientes, Ferrario y Alarcón impulsan un proyecto de ley en la Legislatura porteña para erradicar definitivamente estas prácticas. La iniciativa contempla severas sanciones que incluyen multas económicas, clausuras definitivas de los establecimientos, días de arresto y la quita de la matrícula profesional para médicos o psicólogos que participen de estos tratamientos. El caso ya llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prepara un informe regional sobre la proliferación de estas violaciones a la integridad personal.
