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La causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev ya no se discute solamente en los tribunales de Bariloche. Dos organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo ante la ONU presentaron una declaración escrita ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en la que cuestionan el accionar del fiscal Fernando Arrigo y señalan presuntas irregularidades en el proceso penal .
Consejo de Derechos Humanos en Ginebra
Las ONG CAP-LC y CADD (Centro de Asistencia a la Población y Centro Argentino para la Defensa de los Derechos) elevaron el documento en el marco de la sesión de septiembre y octubre del Consejo de Derechos Humanos. El texto no cuestiona el fondo de la acusación por trata de personas, sino que pone el foco en lo que describen como una aplicación irregular del Código Procesal Penal Federal .
El planteo central de la presentación es que la Cámara Federal de Casación Penal habría actuado sin competencia al meterse en la decisión que había reemplazado la prisión preventiva de Rudnev por arresto domiciliario. Las organizaciones sostienen que, según los artículos 53, 54 y 350 del Código Procesal Penal Federal, ese tipo de decisiones quedan exclusivamente en manos de los jueces de revisión, fuera del alcance de Casación .
La declaración también invoca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con jerarquía constitucional en Argentina desde 1994, citando los artículos 14.2 (juicio justo e imparcial) y 14.5 (derecho a que una condena sea revisada por un tribunal superior). La lógica del planteo es que, si una instancia como Casación se arroga facultades que el ordenamiento interno no le reconoce, la coherencia de todo el sistema de garantías queda en entredicho .
El tramo más filoso del documento apunta directamente al fiscal Arrigo. Según las ONG, investigadores internacionales habrían concluido que existiría una «insistencia particular» de Arrigo hacia Rudnev y hacia la comunidad religiosa que este conduciría, al punto de sostener que el fiscal habría asumido un rol que excede sus funciones, llegando a «indicarles a los jueces cómo interpretar el Código Penal» .
El estado de salud de Rudnev y el pedido de las ONG
El documento arranca por donde más incomoda: la salud de Rudnev, hoy bajo arresto domiciliario tras una cirugía y una hospitalización. Según sostienen las ONG firmantes, las indicaciones médicas exigirían reposo estricto y asistencia continua, y cualquier intento de devolverlo a una unidad penitenciaria implicaría un riesgo que ninguna autoridad comprometida con los derechos humanos debería ignorar .
Rudnev entró a la Unidad 6 de Rawson como un hombre saludable y salió prácticamente discapacitado después de catorce meses. El frío extremo, las ventanas sistemáticamente rotas durante los allanamientos y la falta de condiciones sanitarias básicas, sumado a su inmunidad deteriorada por once años de prisión en Rusia, hace que cualquier nueva encarcelación constituya una amenaza real para su vida .
El pedido final de las organizaciones es relativamente moderado en su formulación: que el Gobierno argentino y las autoridades judiciales garanticen que el Código Procesal Penal Federal se aplique según sus propios términos, sin habilitar recursos no previstos para prolongar medidas de coerción, y que cualquier decisión sobre Rudnev contemple plenamente su estado de salud. No exige la liberación inmediata ni cuestiona la investigación de fondo por trata de personas .
«Si una instancia como Casación se arroga facultades que el propio ordenamiento interno no le reconoce, la coherencia de todo el sistema de garantías queda en entredicho» — señala la declaración de CAP-LC y CADD ante el Consejo de Derechos Humanos .
El peso de una declaración ante Ginebra
Es importante dimensionar qué significa, en términos prácticos, que un documento quede incorporado a una sesión del Consejo de Derechos Humanos. No se trata de una denuncia que abra una investigación de oficio por parte de Naciones Unidas, ni de un mecanismo que pueda derivar en sanciones contra el Estado argentino a partir de esta sola presentación. Es, más bien, un instrumento de exposición pública: cualquier organización con estatus consultivo especial puede elevar su lectura de un caso para que quede registrada en la documentación oficial de una sesión .
El Consejo de Derechos Humanos incorporará el documento a su agenda, pero eso no equivale a que la ONU haya determinado que existieron irregularidades: equivale, únicamente, a que el reclamo queda registrado formalmente en un foro internacional .
La defensa de Rudnev, según trascendió, evalúa además una presentación ante la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de Casación que motivó todo este reclamo internacional. Mientras tanto, la causa de fondo sigue su curso en Bariloche, con el propio Arrigo todavía sin salir a responder públicamente ninguno de los cuestionamientos acumulados en las últimas semanas .
Lo llamativo, de todos modos, es la acumulación. En las últimas semanas, la causa Rudnev sumó una columna de opinión en un medio internacional que cuestionaba a Arrigo por presuntas irregularidades en otro expediente, el descargo público de una mujer que la fiscalía considera víctima y que niega serlo, y ahora esta declaración ante la ONU que vuelve a poner el foco sobre el mismo fiscal .
Ninguno de esos elementos, por separado, constituye una prueba de nada. Pero la repetición del mismo nombre, en distintos frentes y con reclamos parecidos, empieza a construir una narrativa que la propia fiscalía tendrá, tarde o temprano, que responder públicamente .
