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Diego Amarante desestimó un planteo para remitir a la Justicia Federal de Campana una investigación contra Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación apócrifa.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó un pedido para desprenderse de una investigación que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y sostuvo que la mudanza del domicilio social de la institución a Pilar constituye una «mera formalidad y ficción jurídica» a los efectos de determinar la competencia judicial.
La resolución fue dictada al responder un planteo de inhibitoria formulado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien solicitó que el expediente fuera remitido a su juzgado por considerar que guarda relación con otra causa que allí se investiga por presuntos desvíos de fondos y emisión de facturas falsas.
Sin embargo, Amarante rechazó el planteo al entender que los hechos bajo investigación habrían ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires, donde la AFA continuó desarrollando su actividad principal pese al cambio formal de domicilio.
«Una mera formalidad»
En su resolución, el magistrado afirmó que es de «público conocimiento» que la AFA siguió funcionando en su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento en que se habrían cometido las maniobras investigadas.
Por ese motivo, sostuvo que fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires únicamente por el traslado del domicilio social al partido de Pilar implica «priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas», las cuales —según indicó— no presentan vinculación con la jurisdicción de Campana.
Ante la negativa de Amarante, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
La investigación
La causa que tramita en el juzgado de Amarante se inició a partir de una denuncia basada en publicaciones periodísticas y apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero, desvío de fondos y facturación apócrifa.
Por su parte, González Charvay sostiene que esos hechos son similares a los investigados en una causa radicada en Campana, que llegó desde la Justicia de Santiago del Estero y también involucra presuntas irregularidades en perjuicio de la AFA.
No obstante, Amarante consideró que el planteo resulta prematuro y remarcó que, hasta el momento, «la totalidad de los actos de ejecución» de las maniobras investigadas habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tapia y Toviggino, procesados
En otro expediente, Amarante ya procesó a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por la presunta retención indebida de aportes de la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico.
Ambos dirigentes permanecen embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibición de salida del país, aunque Tapia obtuvo autorización judicial para viajar al Mundial.
La disputa por la sede de la AFA
El cambio del domicilio social de la AFA a Pilar fue convalidado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, aunque esa decisión fue apelada por el Estado Nacional y el caso podría ser revisado por la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, las distintas investigaciones que involucran a dirigentes de la AFA continúan generando conflictos de competencia entre tribunales. Uno de esos expedientes es el que busca determinar la verdadera titularidad de una mansión ubicada en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares y registrada a nombre de presuntos testaferros. Esa causa ya pasó por cuatro juzgados y volverá a ser analizada por la Cámara Federal de Casación en una audiencia prevista para el 12 de agosto.
