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María Vardé, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, cuestionó el uso de la categoría «organización coercitiva» en causas judiciales y advirtió que convierte el rechazo de mujeres a ser víctimas en prueba de su victimización.
La antropóloga María Vardé, del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, realizó un análisis crítico sobre el uso de la categoría «organización coercitiva» en causas judiciales argentinas, con foco en el expediente que se sigue en Bariloche contra Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas. Vardé concluyó que esta categoría, que reemplaza al término «secta» sin base legal, convierte la negativa de las mujeres a considerarse víctimas en una prueba de su victimización, lo que constituye una estructura argumental difícil de refutar empíricamente.
El análisis, difundido en la web «Diversidad Religiosa», forma parte de un estudio académico más amplio que incluye la participación de diez investigadores internacionales de distintos países, coordinado por el centro italiano CESNUR y la publicación «Bitter Winter», a cargo del periodista Marco Respinti .
La crítica a la categoría «organización coercitiva»
Según Vardé, las causas que analizó presentan una regularidad constante: la caracterización como «secta» u «organización coercitiva» desde las etapas iniciales, antes de constituirse como conclusión de la investigación.
La investigadora señaló que esta práctica coincide con las primeras publicaciones de la Fiscalía de Bariloche, donde el fiscal Fernando Arrigo aseguró que hubo «persuasión coercitiva», es decir, «reducir a la víctima a una situación de explotación que se materializa en un dominio por parte del líder», y agregó que «la víctima tiene viciada su voluntad, por esa razón, accede».
Vardé advirtió que esta combinación entre vulnerabilidad y persuasión coercitiva termina atribuyendo incapacidad para tomar decisiones autónomas precisamente a las personas cuya condición de víctimas debía demostrarse. «Si se presume que una persona ha perdido la capacidad de reconocer qué desea, su negativa a considerarse víctima deja de debilitar la hipótesis acusatoria. De hecho, la refuerza: ‘no sabe que es víctima precisamente porque ha sido manipulada'», explicó.
La antropóloga cuestionó que el Código Penal argentino no contiene las categorías de «organización coercitiva» ni «persuasión coercitiva». La ley define la trata mediante conductas como captar, trasladar, recibir o acoger con fines de explotación. «No contiene, en cambio, las categorías ‘organización coercitiva’ ni ‘persuasión coercitiva'», remarcó.
El testimonio de Elena Makarova
En el expediente federal de Bariloche, la mujer señalada como presunta víctima, Elena Makarova, declaró en Cámara Gesell que no conocía a Rudnev y que en Bariloche vivió con una amiga sin restricciones. También negó haber sido manipulada, explotada o privada de su libertad.
Makarova explicó que llegó a la Argentina para descansar y escapar de una relación tóxica en Rusia. «Mi vida cotidiana en Bariloche era simplemente maravillosa. No tenía ninguna restricción de movimiento, era libre en mis acciones y decisiones», declaró .
Sin embargo, la fiscalía siguió considerándola víctima después de esa declaración. Makarova denunció posteriormente a los fiscales por el trato que recibió durante el proceso .
«Me llamaron víctima de las circunstancias, pero no me dijeron de quién ni por qué. No sabía qué estaba pasando», relató. Sobre el período posterior al parto, denunció condiciones extremas: «Los primeros tres meses de vida de mi hijo transcurrieron en cautiverio. El horror que soporté durante esos tres meses todavía se me aparece en pesadillas».
El estudio académico internacional
Una comisión integrada por diez académicos de Italia, Francia, Hungría, Polonia, Canadá, Lituania, Bélgica y Estados Unidos completó un estudio de referencia sobre la vida y las causas judiciales de Rudnev .
El trabajo identifica que las acusaciones centrales contra Rudnev —trata de personas con fines de explotación sexual, narcotráfico y un pedido de captura internacional desde Montenegro— no se condicen con la documentación judicial. La Dirección de Policía de Montenegro informó que «no se ha iniciado la emisión de un pedido de captura internacional contra esta persona, ya que actualmente no existen fundamentos legales para ello».
Además, los peritajes de Gendarmería Nacional sobre las pastillas secuestradas arrojaron resultado negativo para estupefacientes.
El debate pendiente
El análisis de Vardé describe un trayecto completo: «Una teoría cuestionada sobre la transformación de la voluntad pasó del movimiento antisectas al lenguaje anti trata, del lenguaje anti trata a documentos estatales, de esos documentos a expedientes judiciales y, finalmente, a informes que la presentan como una modalidad emergente de criminalidad».
La investigadora fue explícita en que su cuestionamiento no equivale a pedir impunidad: «Investigar explotación laboral, sexual, patrimonial o cualquier otro delito cometido dentro de una comunidad religiosa es indispensable cuando existen indicios». El resguardo, sostuvo, está en otro punto: «Las creencias, la disciplina comunitaria, el trabajo voluntario, las donaciones, la vida compartida o una adhesión intensa no pueden funcionar por sí mismos como prueba sustitutiva de la explotación que la ley exige demostrar».
El caso Rudnev ha captado interés internacional y la Cámara Federal admitió como Amicus Curiae a la jurista costarricense Iveth Emilia Quesada Ugalde y a la abogada francesa Patricia Duval, vinculada a organismos de las Naciones Unidas .
