4 min de lectura
Con el objetivo prioritario de internacionalizar las denuncias sobre el accionar de los tribunales federales argentinos, una comitiva de dirigentes nucleados en el Comité Internacional Cristina Libre inició una gira estratégica por Estados Unidos para exponer lo que definen como una campaña de disciplinamiento y proscripción política contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A lo largo de diversas jornadas en los principales centros neurálgicos del poder civil y académico norteamericano, la misión procurará instalar en la agenda global el deterioro institucional que, según sostienen sus promotores, atraviesa el sistema republicano en la Argentina a raíz de la intervención de sectores corporativos en las decisiones de la justicia penal. El expediente judicial contra la exmandataria alcanzó una repercusión transnacional tras la sentencia dictada en el marco de la causa Vialidad, donde el tribunal le impuso una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Desde el espacio kirchnerista han conceptualizado este proceso como un caso prototípico de guerra jurídica o lawfare, trazando paralelismos directos con lo ocurrido con otros liderazgos populares de América Latina, tales como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, quienes enfrentaron causas judiciales que condicionaron su participación electoral. En este sentido, la comitiva argumenta que el debilitamiento de las garantías del debido proceso y la utilización de los tribunales con fines de exclusión partidaria configuran un peligroso retroceso para la estabilidad de los consensos democráticos recuperados en el Cono Sur tras las dictaduras de finales del siglo XX.
Agenda de alto nivel en universidades y organismos internacionales
La delegación está integrada por el diputado nacional y excanciller Jorge Taiana, la legisladora y secretaria general judicial Vanesa Siley, el parlamentario del Mercosur Franco Metaza y la economista Delfina Rossi, quienes desplegarán entre el 9 y el 13 de noviembre una intensa agenda de trabajo en las ciudades de Washington D.C. y Nueva York. El programa incluye paneles y debates jurídicos en casas de estudio de reconocido prestigio como The New School, el CUNY Graduate Center y el Washington College of Law de la American University, además de foros con activistas de derechos civiles, referentes de los Socialistas Demócratas de América y la comunidad migrante. De manera complementaria, los emisarios mantendrán audiencias institucionales con autoridades de centros de análisis internacional como el Center for Economic and Policy Research, la red de la sociedad civil CIVICUS y un encuentro reservado con Susan Segal, titular del influyente Council of the Americas.
«La delegación sostendrá que el país se encamina hacia una elección con la principal dirigente opositora inhabilitada para competir, configurando un antecedente de disciplinamiento político que afecta la soberanía popular.»
El despliegue de esta comitiva se inserta además en una coyuntura política estadounidense particular, signada por la polarización de sus propios poderes institucionales y el auge de las corrientes de extrema derecha en escala planetaria. La postura del comité busca articular la problemática judicial argentina con los debates contemporáneos sobre la resiliencia democrática frente al avance de discursos radicales, en consonancia con los planteos conceptuales que Cristina Kirchner formuló recientemente en un reportaje brindado a The Washington Post. Según los analistas del sector, la iniciativa no solo procura un efecto declarativo, sino también alertar a los organismos multilaterales sobre el quebrantamiento de las garantías procesales consagradas en el Pacto de San José de Costa Rica, recurriendo a estándares fijados por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Uno de los ejes centrales será denunciar el debilitamiento del sistema democrático argentino y la proscripción judicial de la exmandataria frente a los foros mundiales.»
Impacto en la política exterior y consecuencias a largo plazo
En una perspectiva de largo plazo, las gestiones del comité en territorio estadounidense marcan el inicio de una ofensiva diplomática que buscará acumular respaldos técnicos y políticos de cara a las instancias definitivas de apelación que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al trasladar la discusión al epicentro de la opinión pública internacional, el kirchnerismo persigue encarecer el costo político de cualquier determinación judicial que confirme la inhabilitación cívica de la principal referente opositora. Esta internacionalización promete tensar aún más la relación entre el poder judicial y los sectores políticos tradicionales, a la vez que proyecta el debate sobre el control ciudadano de la magistratura como un desafío ineludible para la legitimidad de las futuras contiendas presidenciales en la región.
