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En una jornada dramática que paraliza a la región, la Cámara de Diputados votó por unanimidad avanzar con el juicio político contra Santiago Peña tras la quiebra del Ueno Bank, la entidad financiera que mantiene congelados los ahorros de casi tres millones de paraguayos y más de USD 850 millones de fondos estatales. Acorralado por el intempestivo retiro de respaldo del exmandatario Horacio Cartes y las masivas protestas en las calles de Asunción, el jefe de Estado presentó su renuncia en un mensaje grabado mientras el Senado sesiona a última hora para definir si convalida su dimisión o procede a su destitución inmediata.
El tablero político paraguayo saltó por los aires este jueves en medio de una vorágine institucional sin precedentes. La Cámara de Diputados dio luz verde por unanimidad al libelo acusatorio contra el presidente Santiago Peña, precipitando la entrega de su renuncia formal en un intento por evitar el bochorno de la destitución parlamentaria. El quiebre definitivo se produjo cuando su mentor político y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, anunció públicamente que la bancada del Partido Colorado votaría a favor del impeachment para no quedar salpicado por lo que calificó como «un latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados».
El detonante de la catástrofe fue la intervención y liquidación del Ueno Bank dispuesta por el Banco Central del Paraguay (BCP) tras detectar que su índice de solvencia se había derrumbado a menos de la mitad del mínimo legal exigido. La caída de la entidad no solo paralizó las cuentas de 2,9 millones de usuarios sobre una población total de 6,1 millones de habitantes, sino que dejó atrapados más de 850 millones de dólares pertenecientes a organismos públicos y a la caja previsional del Instituto de Previsión Social (IPS). Las sucursales bancarias amanecieron rodeadas por multitudes enfurecidas y la capital fue escenario de graves disturbios nocturnos.
En el plano judicial y económico, la crisis escaló a niveles extremos con la imputación de 27 ejecutivos por autopréstamos e irregularidades financieras. El fundador y principal accionista del banco, Miguel Vásquez, fue trasladado esposado y con chaleco antibalas ante la Fiscalía de Delitos Económicos, donde se solicitó su prisión preventiva. En paralelo, y en una carrera contra el tiempo para frenar el pánico bancario, Peña promulgó antes de dejar el cargo una ley de emergencia que habilita el pago anticipado del Fondo de Garantía de Depósitos por hasta USD 19.787 por ahorrista en un plazo máximo de cinco días.
