Sábado 29 de agosto de 2026
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Mapa de la Deuda: en San Luis 1 de cada 3 son morosos

8 min de lectura

Un relevamiento del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), realizado junto a la Fundación Friedrich Ebert, reveló que en algunas provincias argentinas hasta un 30 por ciento de las personas endeudadas se encuentra en situación de mora, con La Rioja y San Luis a la cabeza del ranking nacional de morosidad.

Cómo funciona la herramienta

El trabajo, bautizado «Mapa de la Deuda» y disponible en mapadeladeuda.ar, cruza información oficial de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU) con datos geográficos y demográficos, actualizados a junio de 2026. La herramienta considera en situación de mora a los deudores con atrasos superiores a los 90 días, según las situaciones 3, 4 y 5 que define el propio organismo.

A nivel nacional, la tasa de mora sobre el monto adeudado alcanzó el 17,4 por ciento, en un contexto en el que el crédito otorgado en términos reales dejó de crecer desde comienzos de año, mientras que el monto de los compromisos impagos continuó en aumento. El universo total de deudores en el país llegó a 20,96 millones de personas, de las cuales 5,91 millones están en mora.

La Rioja, primera en el ranking

La Rioja es la provincia con el mayor porcentaje de deudas impagas del país, con una tasa de mora del 23,9 por ciento sobre el total adeudado. Le siguen San Luis, con 22,2 por ciento; Santa Cruz, con 21,9 por ciento; Catamarca, con 21,5 por ciento; y San Juan, con 20,5 por ciento. En el otro extremo del ranking aparece La Pampa, con apenas 9 por ciento de morosidad, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 11,7 por ciento.

Si se mide la proporción de personas morosas en lugar del monto adeudado, La Rioja también encabeza el ranking nacional: un 35,4 por ciento de sus deudores tiene algún saldo en mora, es decir, más de uno de cada tres riojanos con deuda está atrasado en sus pagos. En apenas doce meses, la mora por monto subió 15,2 puntos porcentuales en la provincia, la suba más pronunciada registrada en todo el país.

San Luis: la capital, la más golpeada

San Luis, por su parte, se ubica de forma consistente en el podio nacional de morosidad, oscilando entre el segundo y el cuarto lugar según el corte temporal y la metodología utilizada. La provincia registra 92.790 deudores morosos, con una tasa de irregularidad total de entre el 20,1 y el 22,2 por ciento, dependiendo de la fuente. Un dato relevante: el 35,6 por ciento de los deudores puntanos presenta atrasos en sus obligaciones financieras, proporción que asciende al 38,9 por ciento entre quienes tienen deudas contraídas a través de billeteras virtuales.

El dato más elocuente surge, sin embargo, al bajar la lupa hasta el nivel departamental. En el departamento Juan Martín de Pueyrredón, que incluye a la ciudad capital de San Luis, la proporción de deudores morosos trepa al 34,46 por ciento, es decir, uno de cada tres. Allí se contabilizan 61.006 personas endeudadas, de las cuales 21.024 están en situación de mora. La tasa de mora por monto en ese departamento alcanza el 25,38 por ciento, la más alta entre los nueve departamentos que componen la provincia de San Luis.

Quién presta y quién no cobra

Por tipo de prestamista, el informe también identificó marcadas diferencias en los niveles de irregularidad crediticia. La mayor morosidad corresponde a los proveedores no financieros de crédito, con 47,8 por ciento, seguidos por las tarjetas no bancarias, con 33,27 por ciento; los neobancos, con 23,34 por ciento; los bancos privados, con 18,61 por ciento; y los bancos públicos, con 10,13 por ciento. Las compañías financieras tradicionales presentan la tasa más baja, con 4,88 por ciento.

El correlato social: violencia por deudas

El deterioro creciente de la morosidad tuvo, además, un correlato directo en hechos de violencia vinculados al cobro de deudas informales. Según cálculos de la consultora EcoGo, los préstamos catalogados como irrecuperables dentro de la cartera total de crédito no bancario pasaron del 2,6 por ciento en marzo de 2025 al 10,8 por ciento en marzo de 2026, lo que implica que se cuadruplicaron en apenas un año. En paralelo, la Dirección de Defensa al Consumidor de la Provincia de Buenos Aires registró que las denuncias por prácticas abusivas y acoso en la cobranza se triplicaron en menos de tres años: pasaron de 393 casos en 2024 a 1.064 en 2025, y ya sumaban 1.237 denuncias hacia el 31 de mayo de este año.

En los barrios más postergados, el crédito informal a través de prestamistas conocidos como usureros aplica tasas que, en los casos más extremos, superan el 500 por ciento anual, muy por encima de las tasas del sistema formal. Distintas causas judiciales en trámite muestran que, ante el incumplimiento en los pagos, la cobranza no siempre se resuelve por vía judicial, sino a través de amenazas, hostigamiento e incluso hechos de violencia física, según se desprende de expedientes elevados a juicio en los últimos meses.

El peso de los servicios sobre el ingreso

En el plano de los ingresos, distintos relevamientos privados coinciden en que el gasto en servicios públicos —electricidad, gas, agua y transporte— representó, según la medición y el período considerado, entre el 56 y el 77 por ciento de un salario mínimo, muy por encima de la proporción registrada apenas dos años atrás, cuando ese porcentaje rondaba el 37 por ciento.

Especialistas consultados sobre el fenómeno señalan que la combinación de ingresos estancados, costo de vida en alza y mayor acceso al crédito digital a través de billeteras virtuales configura un escenario de fragilidad financiera creciente para amplios sectores de la población, particularmente entre los menores de 35 años, donde la tasa de mora supera el 25 por ciento y puede alcanzar hasta el 50 por ciento según el tipo de entidad acreedora.

La desigualdad dentro de las grandes ciudades

La desigualdad territorial no se agota en la comparación entre provincias: también aparece con fuerza dentro de las grandes jurisdicciones urbanas. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el 81 por ciento de la población adulta tiene algún tipo de deuda, la mora ronda el 20 por ciento en los barrios del sur, como Villa Soldati, mientras baja a entre el 8 y el 10 por ciento en zonas del norte, como Coghlan y Colegiales. Un patrón similar se repite en el conurbano bonaerense, donde el AMBA llega al 25 por ciento de morosidad frente a un 10 a 15 por ciento en el resto de la provincia, y en los cordones industriales de Rosario y Córdoba capital, más castigados que el resto de sus respectivas provincias.

La brecha generacional

Otro hallazgo relevante del informe es el fuerte impacto del endeudamiento entre los menores de 35 años, que concentran el 38,7 por ciento de los deudores irregulares del país, es decir, casi cuatro de cada diez personas con deudas en situación de mora. El 36 por ciento de los deudores jóvenes concentra sus obligaciones en neobancos, por encima de su participación relativa en entidades financieras tradicionales, un dato que los especialistas atribuyen a la mayor facilidad de acceso al crédito digital frente a los requisitos más exigentes de la banca formal.

El caso llamativo de Añelo

El caso de Añelo, en la provincia de Neuquén, aparece como un dato llamativo dentro del propio informe: pese a ser el principal foco urbano vinculado al desarrollo de Vaca Muerta y a los mayores niveles de actividad económica de la región, la tasa de mora en ese departamento alcanza el 25 por ciento, la más alta de toda la provincia neuquina. El dato sugiere que el crecimiento del empleo y la actividad económica local no necesariamente se traduce, de manera automática, en una mejora de los indicadores de morosidad familiar.

Qué sigue

Las autoridades del Centro de Estudios de la Ciudad remarcaron que la herramienta seguirá actualizándose mensualmente con nueva información de la Central de Deudores del Banco Central, lo que permitirá monitorear la evolución de la mora provincia por provincia y departamento por departamento en los próximos meses, en un contexto económico donde el propio ministro de Economía reconoció que existe «un problema con el ingreso disponible de la población» que no muestra señales claras de revertirse en el corto plazo.

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