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El periodista Alessandro Amicarelli publicó en The European Times un análisis crítico sobre la actuación del fiscal argentino Fernando Arrigo, centrado en dos causas que, según su lectura, comparten un mismo patrón: prisiones preventivas prolongadas, cuestionamientos sobre el manejo de la prueba y un fuerte costo humano para las familias involucradas.
El artículo, titulado «El fiscal bajo la lupa por los casos Casco y Rudnev», recuerda que Franco Casco desapareció en 2014 tras ser detenido en una comisaría de Rosario, y que su cuerpo apareció después en el río Paraná. El hecho generó una fuerte conmoción social: la familia de la víctima sostiene que policías fueron responsables de su muerte, mientras que los agentes acusados niegan los cargos y fueron absueltos en 2023 tras años de prisión preventiva.
Amicarelli aclara que no toma partido sobre el fondo del caso, algo que, señala, corresponde a la Justicia, sino que pone el foco en cómo se llevó adelante la investigación y en las consecuencias de una detención preventiva que se extendió durante años. Según relata, varios de los policías detenidos permanecieron encarcelados mucho tiempo mientras la causa seguía abierta, con hijos que crecieron sin ellos y parejas que atravesaron largos períodos de angustia.
Uno de los casos que cita es el del subcomisario Enrique Gianola, quien pasó seis años en prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Gianola relató el impacto que la ausencia tuvo en su hijo, a quien, dijo, «se le cayó el pelo» por el estrés durante ese período. El testimonio del subcomisario fue uno de los más duros que se conocieron durante el proceso judicial.
Gianola describió cómo su hijo, que ya recibía tratamiento psicológico, empeoró su salud durante el tiempo que él estuvo detenido: «Un día su pelo empezó a caerse. La gente dice que es por la tensión nerviosa; el estrés se acumula y en algún momento se te cae todo el pelo». La declaración del oficial, que fue absuelto junto a sus dieciocho compañeros, expuso el drama silencioso de las familias de los imputados.
El artículo también recoge testimonios de otros hijos de detenidos: chicos que dejaron de festejar sus cumpleaños, que no recuerdan la sensación de que su padre los busque por la escuela, o que desarrollaron cuadros de ansiedad y tuvieron que iniciar tratamiento psicológico. Amicarelli menciona además pedidos directos de esos niños al fiscal Arrigo, reclamando explicaciones por procesos que, según sostienen, mantuvieron a sus padres presos durante años pese a resultar luego absueltos.
La esposa de uno de los policías detenidos, Verónica Enciso, contó que debió decirles a sus hijos que su padre «estaba trabajando» en la cárcel para protegerlos de la verdad. «Después de ir varias veces, uno de ellos me dijo que no era el lugar de trabajo de su padre, que el lugar era feo», relató. Las visitas, según su testimonio, tenían efectos físicos en los niños: «Entraban sanos y cuando volvían tenían problemas respiratorios».
La hermana de otro de los imputados, Elisabet Gaisel, se enfocó en sus sobrinos, que tenían cuatro y un año cuando su padre fue arrestado: «El hijo menor, Santiago, siempre se enfermaba la noche antes de ir a ver a su padre a la cárcel; vomitaba y tenía problemas estomacales. Era muy difícil para él ver a su padre por un rato y luego no saber cuándo lo volvería a ver».
El paralelismo con el caso Rudnev
El autor traza una línea entre el caso Casco y el proceso contra el maestro espiritual ruso Konstantin Rudnev, otra causa donde Arrigo tuvo un rol central. Según el artículo, ese expediente estuvo marcado por irregularidades procesales, cuestionamientos a la prueba presentada y una insistencia en presentar a Rudnev como líder de una organización peligrosa.
Amicarelli sostiene que la defensa acusó al fiscal de apoyarse en pruebas débiles y de resistirse a corregir el expediente, mientras se ignoraban problemas de salud del acusado. También plantea que los paralelismos con el caso Rudnev son «innegables». En ese sentido, dice el autor, «un estudio académico internacional recopiló recientemente informes que contradicen la versión de la fiscalía».
En esa línea recuerda que se «ha acusado a Arrigo de basarse en pruebas defectuosas y de oponerse a los intentos de corregir el expediente». La detención preventiva se ha prolongado, se han ignorado los graves problemas de salud de Rudnev y el caso se ha caracterizado por irregularidades y demoras que han generado dudas sobre los métodos de la fiscalía.
El artículo señala que, en el caso Rudnev, la defensa denunció que el fiscal Arrigo ignoró sistemáticamente las declaraciones de la presunta víctima, Elena Makarova, quien afirmó en Cámara Gesell que no era víctima de nada ni de nadie. Makarova también declaró que no conocía a Rudnev y que viajó a Argentina por su propia voluntad para escapar de una relación tóxica.
Amicarelli menciona que, en ambos casos, el fiscal habría resistido los intentos de la defensa de corregir el expediente y habría sostenido su teoría del caso pese a los cuestionamientos. El artículo también destaca que, mientras la causa Casco ya terminó con una absolución, la de Rudnev continúa abierta y con recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Cuando patrones similares se repiten en distintas causas manejadas por el mismo fiscal, es legítimo preguntarse si se trata de casos aislados o de una forma de trabajo más generalizada» — sostiene el periodista Alessandro Amicarelli en The European Times.
La dimensión más amplia y el pedido de revisión
El artículo cita estimaciones según las cuales unas cincuenta mil familias argentinas se habrían visto afectadas en los últimos años por prisiones preventivas extendidas, con hijos criados en hogares fracturados y familiares que murieron sin ver la liberación de sus seres queridos.
Amicarelli concluye que, cuando patrones similares se repiten en distintas causas manejadas por el mismo fiscal, es legítimo preguntarse si se trata de casos aislados o de una forma de trabajo más generalizada. Remarca que la prisión preventiva es una herramienta que debe usarse con moderación, y que su uso prolongado y rutinario, sostiene, erosiona la confianza en las instituciones.
El autor aclara que su planteo no implica una falta de respeto hacia la Justicia argentina, sino un pedido de que los casos Casco y Rudnev sean revisados con atención. La publicación en The European Times agrega una mirada externa a dos causas que ya generaron fuertes controversias en el ámbito local.
El fiscal Fernando Arrigo no se ha pronunciado públicamente sobre el artículo. Sin embargo, en el pasado defendió su actuación en ambas causas.
El caso de Franco Casco continúa siendo materia de debate judicial, mientras que la causa contra Konstantin Rudnev sigue su curso en la Justicia Federal de Bariloche, con recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
